El Gobierno de Canarias ha declarado la caducidad de un total de 31 expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Isla, cuya tramitación no se había finalizado a pesar de que algunos se habían iniciado hacía más de treinta años. El Ejecutivo canario cumple así con una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo un artículo de la anterior Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que permitía que la apertura de un expediente para declarar un BIC no tuviera en la práctica un plazo de finalización.
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre este asunto a raíz de la denuncia que una empresa interpuso contra la delimitación del Bien de Interés Cultural del Barrio de los Hoteles-Pino de Oro y acabó declarando inconstitucional la llamada "denuncia de mora", a través de la que se establecía que la administración tenía dos meses para resolver los expedientes una vez se presentara esta denuncia por parte de algún interesado, pero que si esta no se producía podía alargar los plazos de forma indefinida.
De esta manera, entre los expedientes que el Gobierno regional ha declarado caducados y que han sido publicados recientemente en el Boletín Oficial de Canarias (BOP), hay algunos que comenzaron a tramitarse en la década de los ochenta entre los que se incluyen el de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios, de Buenavista del Norte, el Palacio de Salazar, el Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, o la plaza Weyler en Santa Cruz de Tenerife.
También hay expedientes más recientes que empezaron a gestionarse ya en el siglo XXI como son el de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, el Castillo de Paso Alto de la capital tinerfeña, el Monasterio de Santa Clara en La Laguna o la Iglesia de San Francisco de Puerto de la Cruz, uno de los más recientes. Otros expedientes que se iniciaron en la década de los 2.000 y que también han sido declarados caducados son los de la Desafección del Conjunto Histórico Las Raíces, el de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna o el que pretendía declarar BIC la Casa de Sixto Machado.
Entre los afectados se encuentra también el Canal de Tea del Barranco del Agua, en Güímar, el Drago de Icod de los Vinos o los Jardines del Marquesado de La Quinta Roja, de La Orotava. Además, se encuentra entre ellos el expediente de declaración de BIC del Jardín de Aclimatación de La Orotava, el de la casa natal del Padre Anchieta, el que tramitaba la declaración de BIC del exconvento de San Agustín, y el de la colección de piezas alfareras del Centro Alfarero de Arguayo en Santiago del Teide o el dedicado a la actividad turronera de Tacoronte.
También se ha dejado a medias la tramitación para declarar BIC a varios inmuebles como los ubicados en el número 54 de la calle El Calvario, en La Orotava, la casa de la calle La Marina en esquina con la calle Las Lonjas en Puerto de la Cruz o el inmueble ubicado en el número 45 de la calle Castillo, en la capital chicharrera.
Entre los expedientes también se encuentran algunos que hacen referencia a zonas arqueológicas como las Salinas de El Guincho, en Arona, o la de Lomo Gordo en Santa Cruz. El Gobierno ha dado también por no concluidos los expedientes de la Cueva de Asena, en Buenavista del Norte, de la ermita de San Juan Bautista de Bajamar, el de los antiguos hornos de San Miguel de Abona y el que hacía referencia al conjunto histórico de Ciudad Jardín en la capital.
También se da por concluida la tramitación para declarar BIC las pinturas de Manuel González Méndez del Parlamento de Canarias, la de la Casa de los Marqueses de San Andrés de Los Lagares en Santiago del Teide, así como el iniciado en 2014 para la desafectación de parte del monumento del antiguo colegio de La Asunción, que se corresponde con el Teatro Pérez Minik en Santa Cruz.
En ninguno de los 31 expedientes afectados se ha dictado resolución administrativa de terminación ni ha recaído sobre ellos sentencia judicial firme. Por lo que, tras la sentencia del Constitucional la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se ha visto obligada a declarar su caducidad.
El Gobierno regional aclara que los procedimientos declarados caducados no podrán volver a incoarse hasta que hayan transcurrido dos años. Sin embargo, este organismo ya ha aclarado que la protección de más del 90% de los bienes incluidos en estos expedientes está garantizada, ya que la mayor parte de ellos pertenecen a las administraciones públicas o a la Iglesia.
De esta manera, a partir el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tendrán que ponerse de acuerdo en la mejor manera de proteger estos bienes, ya que la nueva Ley de Patrimonio Cultural, aprobada en 2019, establece mecanismos de protección diferente al BIC, como son los catálogos insulares y municipales.
La Ley de Patrimonio Cultural vigente en la actualidad no solo no incluye el artículo en el que la antigua norma hacía referencia a la denuncia de mora, sino que establece un plazo de tramitación de dos años para estos expedientes, por lo que se evitará que una situación similar se produzca en el futuro.
