El área de Acción Social del Cabildo de Tenerife Los trabajos en el primero de ellos ya se están culminando y permitirán que el centro ofrezca 75 vacantes residenciales y otras 20 diurnas. Por otro lado, en el caso de La Cuesta no se trata de un nuevo centro sino de una ampliación que permitirá sumar 30 plazas residenciales y 25 diurnas a las que ya tiene la instalación.

Por otro lado, el Cabildo también está ultimando la tramitación necesaria para poder ejecutar las obras para crear 710 nuevas plazas diurnas y residenciales en nueve centros sociosanitarios de la Isla. Mientras que algunos de ellos serán de nueva creación, en otros casos el área insular de Acción Social realizará obras en instalaciones que ya están en funcionamiento con el objetivo de ampliar sus vacantes. Así lo explica la consejera responsable de este área en la Corporación tinerfeña, Marián Franquet, quien expone que se trata de centros "que ya cuentan con los proyectos realizados, de los que disponemos del suelo y estamos obteniendo las licencias". De esta manera, afirma que una vez que se obtengan todos los permisos podrán licitarse los trabajos, para que después comiencen las obras.

Franquet detalla que entre estas 710 nuevas plazas diurnas y residenciales se encuentran las 86 del Nuevo Febles Campos, otras 20 en el centro sociosanitario Nuestra Santísima Trinidad de La Orotava, 69 en el centro Nuevo Ofra y 27 en el que se ubica en Garachico. Entre estos proyectos también se encuentra el nuevo centro de Granadilla, que sumará 72 residenciales y 15 diurnas; el Febles Campos II, con 170 nuevas vacantes; el nuevo Centro de Salud de Añaza, con 202; a las que se añaden las 76 del Centro de Salud de Arico. Además, está prevista la ampliación el centro sociosanitario de Santa Úrsula que sumará 60 vacantes.

Sin embargo, Franquet es cauta y advierte que no todas las obras podrán comenzar a lo largo de este año. "Se trata de procesos complicados, que aunque están muy avanzados, todavía puede surgir algún inconveniente en alguno de ellos", sostiene, aunque sí prevé que a lo largo del próximo sí que puedan empezar muchos trabajos.

Franquet afirma que la atención de las personas mayores y dependientes es una de las principales prioridades del equipo de gobierno, ya que según datos aportados por el propio Cabildo 4.000 personas están a la espera de una plaza en algún centro sociosanitario de la Isla.

Plan de Infraestructuras

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han acordado modificar lo estipulado en el Plan Insular de Infraestructuras Sociosanitarias, un convenio firmado en 2018 entre ambas administraciones para financiar obras de nuevos centros, la compra de edificios para la creación de plazas o para rehabilitar los ya existentes y comprar nuevo equipamiento.

Se trata de la segunda adenda realizada a este plan para prorrogarlo y modificar las anualidades previstas. Franquet justifica estos cambios como consecuencia del bajo nivel de ejecución que se había llevado a cabo por la anterior Corporación insular. "No se podían justificar algo más de 16 millones de euros", concreta. Unos fondos que el Cabildo "hubiera tenido que devolver si no se hubiera negociado una modificación del convenio".

Por lo tanto, la consejera indica que estos cambios se han realizado con el objetivo de establecer una programación más ajustada a la realidad y afirma que esta negociación entre ambas administraciones ha permitido "no solo que no se perdiera dinero, sino que garantiza que no se pierda en el futuro", ya que señala que cuando se firmó la primera adenda "sí se restaron fondos".

La responsable del IASS responde así a las críticas lanzadas recientemente por el grupo nacionalista en el Cabildo de Tenerife, que afirmó que el equipo de gobierno actual, -conformado por el PSOE y Cs-, había renunciado a la inversión prevista para infraestructuras sociosanitarias para este año y criticaron que se hubiera retrasado la ejecución de este plan, con la consecuente demora en la creación de nuevas plazas.

Por su parte, Franquet puntualiza que el Cabildo no perderá fondos procedentes de este plan, sino que estos se han redistribuido de una manera más racional para que de tiempo a ejecutar las obras en los plazos previstos.

De esta manera, en un principio el convenio establecía que el plan se desarrollaría entre los años 2017 y 2020, en los que la comunidad autónoma destinaría 50 millones, repartidos en anualidades. En 2017, se entregarían 33 millones, ascendiendo esa cifra a 43, 42 y 41 millones en los siguientes años.

Tras la modificación acordada entre ambas administraciones, se estipula que el Gobierno regional habría aportado entre los años 2017 y 2018 15,6 millones de euros a este plan, mientras que en 2019 la financiación quedó reducida a cero, algo que Franquet justifica explicando que el Cabildo dispone de los fondos entregados anteriormente y que todavía no han sido ejecutados.

Este año, el Ejecutivo autonómico tendrá que aportar 13 millones de euros, mientras que las anualidades de 2021 y 2022 aumentarían a hasta los 12,5 y los 8,7 millones de euros. El montante total asciende a los 50 millones acordados inicialmente.

El Cabildo por su parte deberá aportar a este plan un total de 40 millones, que desembolsará entre los años 2021 y 2022, tras la modificación del convenio.