El pleno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer la creación de una nueva línea urgente de ayudas para mitigar los daños agrícolas de los afectados por el último temporal de viento y calima. Además, acordó instar al Estado a declarar como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil o zona catastrófica, aquellos puntos de la Isla que resultaron gravemente afectados por las fuertes rachas de viento, que en algunos momentos llegaron a superar los 100 kilómetros por hora, y por los incendios.

Así quedó estipulado en una moción institucional, que fue apoyada por todos los grupos políticos con representación en la Corporación insular, en la que se acordó que el Cabildo tomaría medidas para paliar los daños, especialmente, aquellos que se han producido en pequeñas explotaciones agrícolas y en la viviendas.

También se reclamará al Gobierno de Canarias que adopte medidas para mitigar los efectos y daños del temporal en el ámbito agrícola y en infraestructuras como viviendas, vehículos o comunicaciones.

Asimismo, el Cabildo reconoce a través de este acuerdo el trabajo de los efectivos que actuaron durante el temporal con el objetivo de hacerle frente, para evitar que causara más desperfectos y poner a salvo a la población. Además, agradece la labor que también llevaron a cabo entidades, colectivos, empresas y voluntarios que pusieron todos los medios a su alcance para reducir las consecuencias.

El pleno de la Corporación insular también quiso mostrar su apoyo a todos los municipios afectados, pero en especial a los del Norte, debido a los incendios del domingo 23 de febrero y que causaron situaciones graves en Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Guancha.

El equipo de gobierno de la Corporación insular también defendió ayer la gestión que realizó durante la alerta por viento y calima que experimentó la Isla el pasado mes de febrero.

En respuesta a una pregunta formulada por Coalición Canaria, el director insular de Seguridad, Cayetano José Silva, aseguró que la coordinación de los diferentes efectivos y administraciones ante un temporal que causó más de una veintena de focos de incendio en poco más de 20 minutos fue buena. "Conseguir 23 camiones de agua para que trabajaran simultáneamente en menos de una hora fue exitoso", determinó y puntualizó que la del 23 de febrero fue la primera vez que la Isla se enfrentaba a un fuego de sexta generación, que se caracterizan por provocar diferentes focos en un corto periodo de tiempo y que tienen unos niveles de propagación muy rápidos.

La consejera nacionalista, Blanca Pérez, recriminó al equipo de gobierno que hubiese activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) "a fenómeno observado", es decir, cuando los diferentes fuegos ya comenzaban a desbordar a los efectivos de los distintos municipios, a pesar de la existencia de una alerta. Algo que consideró "una negligencia", ya que "se tendría que haber activado de forma preventiva".

Sin embargo, el director insular de Seguridad recalcó que en situaciones similares que se habían producido en años anteriores "no se había activado el PEIN", a pesar de que en algunas de ellas había coincidido también con la celebración del Carnaval.

Por lo tanto, aseguró que tras la activación del Plan Insular de Emergencias "se informó a la población para que se mantuvieran en sus domicilios" y se tomó la decisión de no suspender el Carnaval "para que esas 150.000 personas no se movieran de Santa Cruz", ya la autopista TF-5 estaba cortada en ambos sentidos.