El Cabildo de Tenerife llevará a cabo un estudio de viabilidad que buscará nuevos nichos de actividad para el sector del taxi en la Isla. Así lo anunció ayer el consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, después de la celebración de la Mesa del Taxi de Tenerife, en el que la Corporación insular acordó con las asociaciones de profesionales que asistieron, el encargo de este informe que analizará la posibilidad de que puedan prestar servicios que hasta ahora no estaban contemplados como el transporte sanitario no urgente, el transporte escolar o los servicios acordados con consignatarias y otras empresas.
Arriaga afirma que este estudio se convertirá en "una auditoria del sector", que le permitirá después adaptarse a las demandas de movilidad actuales. Unos análisis que servirán también para trasladar propuestas que podrán ser incluidas en la nueva Ley de Transportes de Canarias.
Un estudio que valoró el vicepresidente de Fedetax, Francisco Cabrera, quien aseguró que la incorporación de nuevos medios de transporte en la Isla hace necesario que se lleve a cabo un análisis que permita que los taxistas puedan introducir nuevos modelos de negocio. "La ampliación del tranvía o los trenes van a afectar al servicio y el sector se ha quedado poco a poco atrás", determinó. Por eso, "no solo examinará el estado actual del mercado sino hacia dónde puede dirigirse en el futuro", aseguró Cabrera.
Este estudio de viabilidad profundizará también en cuestiones como la propuesta de poner en marcha áreas de prestación conjunta, que permitiría que vehículos con licencia de diferentes municipios operaran de forma indistinta dentro de un área metropolitana. Además, el informe incluirá una valoración sobre la puesta en marcha del taxi compartido o a demanda.
El estudio ahondará también el funcionamiento del transfer, una medida que posibilitaría que todos los taxis de la Isla pudieran recoger pasajeros en las llamadas "áreas sensibles", es decir, en los puertos y aeropuertos de Tenerife. Sin embargo, Arriaga explicó que por ahora no se va a realizar un estudio socioeconómico específico para poner en marcha el transfer en la Isla, un paso que alega es un requisito indispensable para aprobarlo. "Si se hiciera ahora seguramente determinaría que no es necesario y que las licencias que operan ya son suficientes", cuestionó el también vicepresidente insular y aseguró que la petición para ponerlo en marcha parte solo "de una de las asociaciones del sector".
Protesta en Tenerife Norte
Por su parte, el presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, anunció ayer que la asociación sigue adelante con la convocatoria de manifestación al no haberse aprobado ayer en la Mesa del Taxi de Tenerife la puesta en funcionamiento del transfer. "La administración sigue insistiendo en hacer un estudio que no hace falta y entendemos que se han negado a aplicar la ley", sostuvo. De esta manera, aseguró que un centenar de vehículos colapsarán el viernes 20 de marzo el aeropuerto de Los Rodeos, para reclamar que se ponga en marcha esta medida.
Ojeda también manifestó ayer su negativa a la puesta en marcha del taxi compartido, al considerar que "el Cabildo quiere dejar para el taxi lo que no es rentable para Titsa", y a la habilitación de áreas de prestación conjunta. "Nos negamos rotundamente a ello y no vamos a ceder", apuntó.
Por otro lado, el presidente de Tele Taxi Isla de Tenerife, Víctor Melián, sostuvo que "la mayoría de asociaciones no está de acuerdo en la habilitación del transfer" y argumentó que primero es necesario llevar a cabo un estudio socioeconómico tal y como establece la ley. Además, apuntó que el cambio en la Ley de Transportes que prepara el Gobierno de Canarias también puede afectar a cualquier modificación que ahora haga el Cabildo tinerfeño.
En el mismo sentido se manifestó el vicepresidente de Fedetax, Francisco Cabrera, para quien aprobar el transfer "deprisa y corriendo es muy complicado". Para este representante del sector "se tiene que hacer de manera justificada si la demanda de vehículos es superior a la oferta". Algo que explicó debe determinar un estudio socioeconómico.
Además, apuntó que la puesta en marcha de esta misma medida en otras islas como La Palma, Fuerteventura o Gran Canaria no está cosechando los resultados esperados.
