La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha abierto varios expedientes sancionadores a una docena de empresas comercializadoras de miel del Archipiélago, tras haber detectado que la composición del producto no se correspondía con una que hubiera sido elaborada al 100% en las Islas. Así lo certifica el director general, David Mille, quien detalla que estas mieles se estaban comercializando como "100% canarias cuando no era así".

Mille explica que en algunos de estos casos "para darle el color característico se mezclaban con mieles procedentes de otras partes del mundo", algo que no se identificaba propiamente en el etiquetado.

A través de análisis específicos puede detectarse cuando una miel está producida en las Islas debido a la presencia de elementos que solo producen la vegetación autóctona de Canarias. Cuando se identifican componentes producidos por flora que no se puede encontrar en el Archipiélago, los análisis pueden asegurar que esa miel ha sido adulterada con productos que han sido elaborados en otras partes del mundo.

De esta manera, la administración abrió un total de 11 expedientes, todos en la provincia de Las Palmas. De ellos, cuatro fueron archivados, siete siguen en tramitación y seis ya han sido resueltos. En total, las sanciones han ascendido a algo más de 14.000 euros.

El responsable regional quiere dejar claro que a pesar del incorrecto etiquetado "nunca ha estado en juego la salud de las personas", ya que el producto podía ser consumido sin ningún problema.

Sin embargo, para Mille este tipo de actuaciones suponen un grave perjuicio para los productores "que sí se preocupan por que su producto sea 100% canario" y que detalló son mayoría en el sector de las Islas.

Para tratar de luchar contra este tipo de actuaciones, la Dirección General de Comercio y Consumo puso en marcha de manera reciente una campaña en la que se tomaron muestras de diferentes tipos de miel supuestamente producidas en las Islas.

Para el director general de Comercio y Consumo la escasez en la producción de miel autóctona que se ha producido en los últimos años puede estar detrás de este tipo de actuaciones, por lo que valoró que la administración tendrá que seguir muy pendiente, ya que la previsión, debido a la sequía y a otros problemas por los que atraviesa el sector, es que la producción de miel autóctona continúe bajando en los próximos años.

La sanción que la administración puede imponer ante este tipo de situaciones varían dependiendo de su gravedad. Mille estima que una infracción leve puede conllevar una multa de hasta 3.000 euros, mientras que una grave puede llegar a ocasionar un pago de hasta 15.000. En aquellas infracciones más graves la sanción puede superar incluso los 15.000 euros.