El Ayuntamiento de Güímar exige a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y a su Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente que revise la obra de clausura y sellado del vertedero de residuos ilegal de Las Rosas "con el fin de conseguir los verdaderos objetivos perseguidos de limpieza y restauración". Dicha obra, realizada el año pasado, fue realizada por la empresa pública Tragsa con un coste de 1,8 millones de euros.

El Pleno secundó, por unanimidad, la propuesta del Grupo Municipal Popular, molesto porque "la limpieza del vertedero consistió en una burda maniobra de camuflaje", ya que en el mismo "se limitaron a tirar tierra y cubrir la montaña de basura que allí hay", señala la portavoz local del PP, Carmen Luisa Castro

"La restauración consistió en dejarlo todo como estaba, puesto que el lado del poniente continúa con la misma pared vertical poniendo en riesgo de caída el Camino de Boruga y el lado sur de igual manera, continua poniendo en riesgo de derrumbe el Camino de La Ladera".

Un informe del 11 de marzo de 2003 emitido por el Servicio Técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) constata la existencia del vertedero incontrolado "en una antigua cantera" de áridos reflejándose que quien gestionaba este espacio "tiene contrato de arrendamiento con el propietario de los terrenos", el empresario Antonio Plasencia.

De hecho, la restauración de este lugar forma parte de la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al aludido y al Ayuntamiento .

Con una superficie aproximada de cinco hectáreas (50.000 metros cuadrados), alcanzó una altura superior a los 100 metros. Precintado en el año 2006, recibió durante años el vertido de todo tipo de sustancias nocivas y tóxicas, entre ellas pinturas, neumáticos, aceites, vehículos, baterías de plomo, restos orgánicos, amianto y otros residuos peligrosos.

Agentes de la Apmun formularon una denuncia por esta actividad incontrolada e ilegal el 28 de enero de 2002. Un particular lo hizo el día 15 del mismo mes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en una sentencia emitida el 15 d marzo de 2017 por el incumplimiento de la Directiva 2008/98, sobre los residuos (artículos. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 vertederos ilegales". Entre ellos está el de Las Rosas, en Güímar.