El Cabildo de Tenerife ha seguido los pasos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y también ha recurrido ante el Tribunal Supremo la anulación del proceso de expropiación de los terrenos necesarios para construir el tercer carril de la autopista del Sur (TF-1) entre San Isidro y Las Américas, que afecta a las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, aún en marcha.
Fuentes judiciales han confirmado a EL DÍA que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado día 13 de febrero un auto por el que "admite a trámite la interposición del recurso de casación por el Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos de su remisión al Tribunal Supremo".
El alto tribunal tendrá que pronunciarse ahora sobre este recurso y también respecto al interpuesto hace varias semanas por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
En noviembre de 2019, el TSJC declaró nula la prórroga concedida en 2017 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) al periodo de vigencia de la declaración de impacto ambiental de esa obra, al estimar un recurso interpuesto por un grupo de empresarios de la zona.
El abogado del despacho Legalius Mariano José Navarro, representantes de los recurrentes, explicó entonces que el proyecto de la ampliación se aprobó en base a una declaración de impacto en la que se tenía en cuenta la existencia de una colonia de escarabajos Pimelia canariensis en la zona del enlace de Las Chafiras y con un trazado que se cambió posteriormente.
Este abogado recordaba entonces que en el proyecto inicial el acceso desde la carretera era directo hasta Las Chafiras, "pero por motivos económicos se cambió el trazado, de manera que se alteró tanto la geometría como la estructura de la obra, y la entrada se producía desde unos diez kilómetros antes del polígono industrial".
La sentencia señalaba que los cambios introducidos en el proyecto tienen carácter "sustancial", lo que impide "de manera insalvable" prorrogar la vigencia de la citada declaración de impacto ambiental.
Al tratarse de una sentencia aún recurrible, los trabajos no se han paralizado en ningún momento y continúan a buen ritmo. La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre los recursos de casación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, que aporta parte de la financiación de estos trabajos y, por lo tanto, está legitimado para recurrir la citada sentencia del TSJC.
