El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, en su edición del pasado 1 de febrero, la declaración en concurso voluntario de acreedores de la sociedad Silverpoint Vacations, considerada como la mayor operadora de vacaciones a tiempo compartido o timesharing, cuya base operativa en Canarias es la franja turística del Sur de Tenerife. La medida se produce después de varias sentencias en contra de la empresa motivadas por incumplimientos e impago de deudas contraídas con clientes que no se beneficiaron de la reventa lucrativa que establecía el acuerdo.
En el momento de la declaración voluntaria del concurso de acreedores, se estima que Silverpoint contaba con 14 millones de euros en bienes, derechos y recursos (los activos), de los que casi la mitad se corresponden con deudas a corto plazo. Sin embargo, las investigaciones realizadas permiten indicar que la deuda actual es de 28 millones de euros con perspectivas de seguir incrementándose, según conoce Canarian Legal Alliance (CLA), el bufete especializado en la actividad del timesharing y que cuenta con más de 200 sentencias en firme contra esta sociedad.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recibió el pasado año "la denuncia de cientos de clientes" al percibir una "posible descapitalización de la empresa condenada". De hecho, en noviembre de 2019 la sociedad coruñesa Fios Bergan S.L. adquirió la totalidad de las participaciones de Silverpoint Vacations. Se da la circunstancia de que esta empresa tiene deudas acumuladas y su actividad es la textil.
De septiembre a febrero de 2019, la sociedad que ahora se encuentra incursa en lo que se denominaba suspensión de pagos contaba con 76 inmuebles y se desprendió de 52, aspecto que está siendo objeto de investigación por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Además, Silverpoint procedió al reconocimiento de deuda con empresas vinculadas al mismo grupo, entre las que figuran los nombres de Signallia Marketing y Excel Hotels and Resorts.
Silverpoint Vacations tenía cuatro complejos bajo su gestión en el Sur de Tenerife, de los que solo el denominado Club Paradiso es gestionado por el administrador concursal "nombrado por el Tribunal de Bancarrota de EEUU".
Fue ese órgano judicial el que vinculó Silverpoint Vacations y sus inmuebles en Tenerife con Limora (Islas Vírgenes), la considerada como "empresa matriz" de un entramado societario que mantiene operaciones con paraísos fiscales y que se abastece económicamente de la actividad en el Sur, fundamentalmente. Eva Gutiérrez es la abogada de Canarian Legal Alliance (CLA), para el que que el tribunal detectó transacciones "sospechosas" entre las empresas de este grupo.
Que los clientes con sentencia firme, después de varios años de disputa ante los tribunales, cobren lo que les asigna el juez es el objetivo de este despacho de abogados. Hasta el momento, y con otros 160 expedientes por tramitar, Canarian Legal Alliance (CLA) estima que ya son más de 10 millones de euros los que reclama en la vía judicial.
