10 de febrero de 2020
10.02.2020

El PP de Güímar traslada a la Fiscalía el contrato externo del familiar de un edil

La aludida denunció al exasesor del Grupo Popular, Víctor González, quien ha criticadao insistentemente al concejal por este asunto en las redes sociales

10.02.2020 | 23:01
Carmen Luisa Castro, portavoz municipal del PP

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Güímar, Carmen Luisa Castro, anunció ayer que su formación política pondrá en conocimiento de la Fiscalía Provincial "para su investigación" la contratación de un familiar del primer teniente de alcalde por parte de una patronal.
De hecho, el PP de Güímar acusa a Gustavo Pérez de denunciar, vía judicial y "a través de su mujer", al que fuera personal de confianza del Grupo Popular durante el mandato anterior y coordinador local de dicho partido, Víctor González, por ser quien ha expuesto públicamente, a través de las redes sociales, la contratación de la denunciante por parte de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete). Tal contrato se hizo para ejercer como administrativa en la Oficina de Orientación, servicio que se presta en colaboración con el Ayuntamiento, que cedió las instalaciones.
Sobre este asunto, abordado en las últimas sesiones plenarias municipales, el Partido Popular espera que la Fiscalía aclare cuestiones que en el PP entienden que requieren respuestas. Entre esas cuestiones, Carmen Luisa Castro pide que se determine cuál es el "protocolo establecido" que alega el Servicio Canario de Empleo para explicar la contratación de la denunciante, "que figuaraba copm primera reserva en la lista". El PP afirma que el SCE no explica en su resolución "cómo se hizo la selección" ni cómo fue elegida la familiar del primer teniente de alcalde "más de un mes después del nombramiento de la elegida inicialmente".
En el Grupo Municipal Popular de Güímar tampoco se explican "cómo se contrata a alguien como apoyo administrativo, cuando la normativa de orientación laboral exige a una orientadora una titulación universitaria y/o experiencia acreditada en la orientación laboral, y solo se propone en concepto de apoyo administrativo a la que no se exige tal titulación".
La polémica ha seguido a este asunto desde que el PP lo hizo público en Güímar. La patronal contratante dispuso de un local inicialmente que fue sustituido por otro espacio porque reunía mejores condiciones para la prestación del servicio. Hasta el momento, el asunto se había circunscrito al ámbito de las redes sociales y de preguntas en las sesiones plenarias por parte del PP. El salto a la vía judicial con la presentación de la denuncia contra el directivo local del PP, Víctor González, enrarece las relaciones de los populares y nacionalistas güimareros, quienes fueron socios durante el mandato anterior hasta que el PP expulsó a CC, a escasos meses de finalizar el mismo.

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