Dos empresas se han encargado de la gestión de dos centros de dependencia de la Isla sin contrato desde el año 2018. En concreto, se trata del Centro de Atención a la Discapacidad Física (CADF) El Sauzal y otra residencia que se ubica en Los Gladiolos, que asiste a personas con alzhéimer y otras demencias, ambos dependientes del Gobierno de Canarias. A estos centros se suma también el que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad tiene en la zona de La Isleta, en Gran Canaria. De esta manera, tres de los cuatro centros que dependen de forma directa de este organismo regional se encuentran en este momento en una situación de nulidad de contrato.

Así lo confirma el director general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo canario, Miguel Montero, quien asegura que esta circunstancia se ha generado por el vencimiento de los plazos establecidos en las licitaciones, sin que los responsables de la Consejería en el anterior mandato pusieran ningún remedio.

De esta manera, en el caso de El Sauzal, el contrato con Iscan venció el 31 de enero de 2018, mientras que en Los Gladiolos y La Isleta, gestionados por Clece y Afate, lo hicieron en noviembre de ese mismo año. Desde esas fechas, las empresas emitían facturas mes a mes justificando los gastos derivados de los servicios prestados, que luego pagaba el Gobierno de Canarias. Sin embargo, Montero señala que en algunas ocasiones la Consejería no abonaba estos fondos, por lo que existen facturas impagadas incluso desde octubre de 2018, las cuales fueron abonadas tras la llegada de los nuevos responsables del área.

El responsable regional indica que, debido a esta nulidad de los contratos, la Consejería ha detectado que algunas de estas empresas -aunque sí han seguido prestando la atención necesaria a los usuarios- han descuidado el mantenimiento de los centros y no han acometido obras necesarias en ellos.

Un problema que ha ocasionado situaciones como la que se ha producido en el centro de El Sauzal, donde el retraso en el arreglo de las goteras en una de las habitaciones ha obligado a trasladar al usuario Javier Cabrera a otro cuarto que no cuenta con todos los requisitos para que pueda ser utilizada por este residente, que tiene un alto grado de discapacidad física.

De esta manera, Cabrera ha denunciado que se ha visto obligado a hacer sus necesidades en un cubo durante tres meses, ante la imposibilidad de acceder al baño con su silla de ruedas.

Montero explica que la resolución de este problema ya está en marcha y que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad sufragará las obras necesarias para que este usuario pueda regresar a su habitación lo antes posible. Asimismo, mantiene que los trabajos comenzarán como muy tarde el lunes.

El director general expone que la empresa que prestaba servicio en el CADF El Sauzal abandonó la gestión a principios de enero y que esta ha sido asumida por la Fundación SAMU, a quien Montero quiso agradecer su predisposición a aceptarla "incluso en estas condiciones".

Sin embargo, Montero tiene intención de resolver no solo la situación del centro de El Sauzal, sino también la de los otros dos centros cuya gestión se encuentra en nulidad de contrato. El responsable regional afirmó que se ha propuesto sacar a licitación la gestión de estos centros a lo largo de 2020 para regularizarlo. "Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero no había fondos en los presupuestos de 2019 que nos lo permitieran", argumentó. Por eso, su intención es hacerlo lo antes posible, aunque advirtió que, aunque ya están preparando los pliegos debido a la nueva ley de contratos, la licitación puede retrasarse algunos meses.

El responsable regional aseguró no entender la "falta de previsión" del equipo de gobierno anterior, que dejó vencer los plazos de los contratos, en una actitud que bajo su punto de vista solo puede llevarse a cabo por la "dejadez y el desprecio a los usuarios".

En cuanto a la situación que puede derivarse a raíz de la dejadez que estas empresas han tenido en cuanto al mantenimiento de los centros, Montero es cauto y apuntó que se está valorando la situación, ya que "jurídicamente es complicado". El director general explicó que, al no existir un contrato que rigiera las obligaciones de la empresa en la prestación de este servicio, puede ser difícil reclamarles las cantidades que han dejado de invertir.

El director general asume que el área tiene un gran trabajo por delante en los próximos años, ya que "tenemos el 100% de las plazas ocupadas" y además una gran lista de espera de personas que demandan una vacante en alguno de los centros de las Islas. Montero afirmó además que la situación se agrava en el caso de las personas con discapacidad física, que necesitan que las residencias tengan unas condiciones de accesibilidad aptas para ellos, y reconoce que "si hubiera una emergencia no tendríamos ningún espacio donde reubicarlos que reúna las características necesarias".