El Ayuntamiento de Arona abrió expediente y ordenó la paralización de los trabajos de cubrición de una terraza que realizaban en el centro comercial Magaly, en Los Cristianos. La medida fue adoptada y comunicada tras la inspección realizada por la Policía Local y la constatación de que la obra no cuenta con las autorizaciones preceptivas.

Fuentes autorizadas del gobierno municipal explicaron ayer que desde el área de Urbanismo también se informó de que la actuación realizada hasta el momento de la inspección no es legalizable, en virtud de la normativa vigente.

La obra fue detectada cuando procedían a colocar una estructura de hierro en una terraza del centro comercial, algo que ya ha sido objeto de denuncias anteriores. En esta ocasión, las autoridades municipales han dejado clara su advertencia de que "no se tolerará la realización de obras o trabajos de carácter ilegal, un fenómeno que afecta a todos los municipios y que, en el caso de este, se seguirán tomando las acciones oportunas una vez que se detecte el incumplimiento de la legislación".

Para el Ayuntamiento y el área de Urbanismo, es un "objetivo prioritario" llevar a cabo un "control y supervisión de la disciplina urbanística, dado que se debe hacer cumplir no solo la ley, sino darle validez al trabajo y esfuerzo invertido en la tramitación de todos los expedientes por parte de la Administración local".

En ese marco, el Consistorio permanece a la espera de que se materialice el desalojo voluntario o forzoso de otro centro comercial emplazado a 400 metros del Magaly: Los Tarajales.

El gobierno municipal de Arona pidió el desalojo de este complejo en julio de 2018, porque su situación "ofrece una imagen dantesca y que daña gravemente la imagen del municipio". Desde diciembre, está pendiente de ejecución el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arona que ordena el desalojo voluntario en el plazo de un mes, que expira este enero. Si persiste la ocupación por casi un centenar de personas, la autoridad judicial ordenará el lanzamiento.

El 21 de noviembre se produjo el aplazamiento del desalojo forzoso fijado para las nueve de la mañana del 25 de ese mes, porque tenía que resolver previamente los ocho recursos presentados por residentes en el edificio, ocupado desde hace más de una década.