Juan Antonio Medina

güímar

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, firmará el lunes el decreto que permitirá el inicio de los trabajos de protección y estabilización del talud de Santa Lucía. Por tanto, la previsión es que la obra empiece en el transcurso de la semana. Un anuncio que hizo público el regidor durante el pleno extraordinario celebrado ayer a petición del Grupo Popular Municipal.

Con el salón de plenos abarrotado por vecinos del núcleo situado en el litoral de Agache, Puerta se mostró vehemente en la defensa del trabajo que desarrolla "para garatizar la seguridad" de los habitantes del lugar. "Dejaré en paz a Santa Lucía cuando las obras estén hechas", advirtió después de mostrar su disconformidad con "el interrogatorio" -según su definición- al que pretendió someterlo la portavoz popular, Carmen Luisa Castro, quien le formuló 12 preguntas sobre su gestión de la situación en Santa Lucía.

"Siempre defendí que dar a conocer el problema ayudaría a solucionarlo" entendiendo que es la fórmula para garantizar la implicación de las administraciones supramunicipales, señaló el alcalde antes de exponer que el objetivo es "que los vecinos estén fuera de sus casas no más de dos o tres semanas". Los habitantes de las primeras viviendas afectadas por los trabajos las desalojarán en el momento que comiencen las obras.

Carmen Luisa Castro defiende que la solución en Santa Lucía es "la obra del mallado", porque así lo han transmitido "todas las administraciones", una obra "cuya ejecución pedimos en octubre". La solicitud fue rechazada por el gobierno municipal teniendo en cuenta que pedían la consignación presupuestaria necesaria y la intervención solo afectaría a una parte del talud.

"Quiero ir de la mano de ustedes, de toda la Corporación", explicó Airam Puerta, dejando claro que "no olvido" el trabajo realizado por el gobierno anterior pero "hay un procedimiento administrativo" que cumplir hasta llegar a la realización de los trabajos. "Lo que quiero es hacer la obra", insistió antes de reiterar su petición de que "no hagamos política de esto".

En cualquier caso, desde el 31 de octubre pasado se aceleró el proceso para resolver el problema de los desprendimientos en el talud de Santa Lucía.

Rafael de Armas, presidente de la asociación de vecinos de la localidad agachera, fue autorizado a intervenir en la sesión plenaria exponiendo claramente las diferencias existentes entre la población del lugar y el gobierno municipal. "No venimos a pelearnos con ninguno de ustedes" dijo en su saludo al Pleno, para, a renglón seguido, espetarle al alcalde que "tiene usted muy malos compañeros de viaje" entendiendo que le ocultan información y le dificultan la gestión. "Uno de sus concejales me dijo que tenía que venir con abogado a por la documentación" a la que tiene derecho de acceso.

"En Santa Lucía tenemos personas con necesidades y en Servicios Sociales nos dan largas", indicó el representantes vecinal de un barrio "en el que casi todos son mayores y cobran menos de 600 euros. En diciembre, dejaron de comprar Reyes para sus nietos para gastar en un abogado", afirmó antes de que otro de los vecinos del núcleo, en las postrimerías de la sesión plenaria, pidiera a los concejales que configuran la Corporación que "no se tiren la pelota el uno al otro. Únanse".

Una vez escuchado el anuncio del próximo comienzo de las obras, la mayoría se los residentes en Santa Lucía presentes en el Ayuntamiento se mostraron escépticos. "Cuando lo vea lo creeré", decían algunos.

Las viviendas del núcleo Santa Lucía-Los Barrancos que se encuentran entre los números 94 y 116 están incluidas en un decreto de la Alcaldía de Güímar ordenando el desalojo motivado porque el domingo 5 de junio de 2011 tuvo lugar un desprendimiento en la cueva del barrio, afectando a algunas de las viviendas situadas en ella y procediéndose al desalojo de varias casas del lugar y del entorno, así como al realojo de sus habitantes. Sería a las cinco y media de la madrugada del 19 de octubre de 2017 cuando quedara constancia de otro desprendimiento de rocas, esta vez sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó 32 tejas de la casa cueva. Desde entonces no ha sucedido nada reseñable que motivara intervención de emergencia alguna, aunque los informes técnicos advierte de riesgo.

Ese es el tramo que requiere de la actuación de emergencia, sin obviar que el resto de la zona afectada por el riesgo de desprendimiento, que abarca del número 117 al 140 y que completa la cifra de 34 casas afectadas, no se considera de riesgo inminente y precisa de otro proyecto.

Todo se desarrolla en torno a la calle Toninas o carretera insular TF-616. Es la única que atraviesa todo el litoral de Agache, desde El Tablado hasta La Caleta, y se convierte en la única alternativa a cualquier posible incidencia en la Autopista del Sur (TF-1) en este tramo del trazado. Los desprendimientos desde el talud pueden afectar directamente a dicha carretera, por lo que el Cabildo solicita autorización a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la autorización para acometer una parte de los trabajos que se demandan.

La población de Santa Lucía afectada por el decreto de desalojo condicionan el mismo a que se garanticen la obra y su retorno.