La Audiencia de Girona juzgó este jueves 16 de enero un caso que recuerda más al entramado judicial de los tribunales estadounidenses que a los españoles.
Los acusados son un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y su abogado. La acusación particular representada por una plataforma de defensa de la buena praxis en psicología los hace responsables de los delitos de encubrimiento y revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada y de apoderamiento, utilización, alteración y acceso a datos reservados. Todo ello para acceder a documentos "reservados y con información especialmente sensible" que habrían obtenido ilícitamente de tres archivos judiciales de Tenerife con el fin de utilizarlos para ganar un juicio que se celebró en Girona. En este caso se le imputaba por delitos entre los que estaba el de uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación.
Hasta aquí, la historia es bastante corriente como guión de un filme de abogados que mueven hilos invisibles para conducir sus victorias. Porque se trata de documentos que "no deberían obrar en la posesión del acusado", entre los que habría un borrador del fiscal "sin firma ni sello"; una queja al defensor del pueblo canario con datos del querellante y el vídeo de un testigo interrogado donde constaría información íntima sobre las relaciones extramatrimoniales del querellante. La acusación particular se sostiene en la tesis de que los acusados han podido acceder a través de una mano negra a documentación útil por sus intereses privados que les ha beneficiado en la causa a cambio de perjudicar a terceros. Pero el fiscal, al igual que la defensa, no ve mala praxis en la obtención de estos documentos al considerar que cuando los obtuvieron eran parte personada, por lo que pide la absolución del letrado y del psicólogo forense de las penas de hasta a 10 años (8 en el caso de su defensor) que pide la acusación particular.
De Canarias en Girona
El psicólogo forense y también perito judicial que este jueves se sentaba en el banquillo en la Audiencia de Girona, E.A.V., ha sido objeto de interposición de múltiples denuncias y querellas archivadas a raíz de supuestas malas prácticas en la realización de test psicosociales experimentales y no homologados que habría utilizado con acusados y víctimas de delitos de violencia de género, acoso laboral y escolares, etc. De la recopilación de los datos obtenidos de más de 400 personas, incluidos menores, habría hecho un trabajo de investigación para una universidad donde colaboraba y todo ello sin el permiso de los testados.
Por estos hechos el Colegio de Psicólogos de Tenerife le sancionó, un hecho que este contrarrestó dándose de baja como colegiado.
Pero el show no quedó aquí y se acabó "exportando" hasta Girona en el año 2012, donde el psicólogo forense presentó su polémico estudio en un congreso de criminología. Esto motivó la creación de la Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense que emprendió una querella que fue archivada por el Juzgado de Instrucción 1 de Girona, y que previamente ya lo había sido en Santa Cruz de Tenerife. Cerrada la puerta a los juzgados canarios, habrá que ver si esta última querella llega a buen puerto, o si como ha ocurrido hasta ahora, todo quedará en archivo.
