El grupo insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife asegura que "la información de la que tenemos conocimiento permite aseverar que el actual deslinde del dominio público marítimo-terrestre no se ajusta a los requerimientos de la Ley y Reglamento de Costas" en el ámbito afectado por el proyecto de complejo turístico a realizar en Punta de Abona, el término municipal de Arico.
La consejera Ruth Acosta se centra en que "existen flujos de arena y campos de duna necesarios para la estabilidad de las playas existentes en aquella zona que quedan fuera del actual deslinde". A ese dato, aporta que "tampoco se registran, en algunos tramos del dominio público marítimo-terrestre, las olas en los mayores temporales conocidos".
El gobierno del Cabildo de Tenerife afirma que esta es una cuestión que compete al Ministerio para la Transición Ecológica, si bien "ha reflejado su compromiso de promover actuaciones que potencien la estrategia de lucha contra el cambio climático", explicó la consejera de Sí Podemos.
Su grupo insular preguntó también al Gobierno de la Corporación "por la posibilidad de realizar estudios que promuevan la modificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, en orden a una mayor protección de las playas y el litoral de la zona, de conformidad con la estrategia de lucha contra el cambio climático".
Frente al anuncio de la promotora Playa de Arico S.A. -en el sentido de que en un lugar hoy lleno de basuras y escombros este proyecto incrementará la superficie de tabaibal, la zona de protección natural y los espacios públicos-, Acosta manifiesta que "resulta muy difícil creer que un proyecto que contaría con una extensión equivalente a 178 campos de fútbol no vaya a ocasionar un serio e irreparable daño ambiental".
Un poco de historia
Lo que fue el cantón militar de Arico es el espacio en el que se desarrollará este proyecto. Ocupa una superficie de 889.994,27 metros cuadrados que poseía el Ministerio de Defensa en Punta de Abona, suelo en el que están incluidas las construcciones de lo que fue la leprosería. El promotor italiano Alberto Giacomini adquirió este espacio el 6 de junio de 2002, por casi 17 millones de euros. Durante años, se anunció la inversión de casi 8.300 millones de euros en la construcción de un macrocomplejo turístico "de máxima calidad". El mismo tendría dos campos de golf, varios hoteles y 2.989 camas como máximo, así como un puerto de servicios e iglesia. Además, crearía 2.000 puestos de trabajo directos.
Hoy el proyecto está siendo muy cuestionado. La consejera insular de Sí Podemos asegura que es "inoportuno" no solo porque incide en consolidar un modelo turístico considerado caduco, sino porque, "desde hace algunos meses, se viene anunciando la posibilidad de que suframos una nueva recesión económica, a lo que hay que sumar el presumible descenso por el que pasará el turismo de la Isla, fruto de la crisis de Thomas Cook, la salida de Reino Unido de la Unión Europea a través del brexit y el creciente movimiento denominado flygskam o vergüenza de volar, por el que muchas personas están dejando de viajar en avión por la enorme contaminación que estos provocan".
Desde que hace dos meses activaran, en la plata forma digital change.org, la iniciativa Contra la construcción de 4 hoteles en el sur de Tenerife, son menos de 800 las personas que prestan su respaldo a la misma firmando dicha página. Juventud X clima Tenerife inició esta petición, dirigida al Gobierno de España y al Ejecutivo canario, coincidiendo con que este último puso en información pública la evaluación ambiental de la nueva ordenación territorial de Punta de Abona.
"Se trata de un área que abarca 1,78 millones de metros cuadrados donde se prevé construir cuatro hoteles de cinco estrellas, un parque recreativo, un balneario y un centro comercial", se especifica en el texto con el que se reclama el apoyo a la paralización de este proyecto, que cuenta con el respaldo del grupo de gobierno municipal y que está a expensas de lo que decida el Ejecutivo autonómico.
