Tras casi cinco horas de debate y un receso de una hora, PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) aprobaron en solitario el primer presupuesto de su mandato en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que aumenta un 2% respecto al de 2019 e incrementa el gasto social un 36%, según el gobierno. O sólo un 19%, según el principal partido de la oposición, el PP, que acusó al gobierno progresista de exagerar ese aumento "al incluir el gasto en Juventud en el área social y otras cuestiones que no se tenían en cuenta en ejercicios anteriores".
La concejala de Progreso Económico, Carolina Rodríguez (PSOE), hizo una breve defensa de un presupuesto consolidado de 43.616.147 euros para el ayuntamiento, Pamarsa, el OAL y el Museo Arqueológico. Aseguró que se trata de unas cuentas "responsables, ajustadas a los ingresos reales, respetuosas con los compromisos de los gobiernos anteriores y no disruptivas", aunque sí marcan "un nuevo rumbo político, con un 36% más para derechos sociales, voluntariado, políticas inclusivas y más ayudas a los dependientes".
La partida de gasto social es de 1.169.800 euros, crece en 313.800 euros respecto a 2019, e incluye 80.000 euros para el Plan de Juventud (+40.000), 380.000 euros para ayuda a domicilio (+71.500) y 325.000 euros para ayudas de emergencia social (+75.000), lo que el PP tildó de estrategia para crear "redes clientelares".
Rodríguez remarcó el incremento de los fondos para Igualdad, así como la previsión "súper austera" y el objetivo de incrementar los ingresos. La edil concluyó que "no hay progreso económico sin progreso social, ni tampoco progreso social sin progreso económico".
El portavoz del PP, Pedro González, se mostró duro en sus largas intervenciones, en las que criticó lo que considera incongruencias de un gobierno que aprueba "un presupuesto continuista, que empeora lo que podían mejorar", y que "saca adelante una declaración de emergencia climática pero luego destina cero euros a energías renovables porque son unos ecologistas de maceta".
González alertó de que la previsión para el servicio de limpieza y recogida de basuras "presenta un déficit de un millón de euros", y criticó que se repitan las cuantías en partidas que en el mandato anterior se consideraban insuficientes, "como las de bienestar animal o medio ambiente". El PP también acusó al gobierno de incumplir sus compromisos de establecer unos presupuestos participativos o de aprobar un plan de barrios.
La portavoz de CC y ex edil de Hacienda, Sandra Rodríguez, advirtió de posibles incumplimientos en cuanto a estabilidad presupuestaria y regla de gasto, e hizo énfasis en la reducción de la partida de empleo "en un 51,43%".
"Estos presupuestos contabilizan ingresos que no se van a recaudar y enmascaran un gasto fijo que pretenden dotar con cargo al remanente de tesorería. De hacerlo, pasaría al próximo ejercicio a sumar gasto corriente al capítulo de personal, que estaría por encima de lo permitido por la ley. Todo esto hace peligrar los objetivos de estabilidad presupuestaria y financiera a los que estamos obligados. Repiten los errores del pasado que nos llevaron al endeudamiento y al plan de ajuste", alertó.
La ex responsable de las cuentas locales mostró su preocupación porque "no se haya mantenido el criterio de caja en la cuantificación de ingresos como el IBI o la plusvalía", o porque "tampoco se recoja el efecto que sobre Pamarsa, y por lo tanto sobre el presupuesto consolidado, tendrá la obligación de asumir la prestación de los servicios de restauración del Lago, lo que producirá graves desviaciones en las previsiones iniciales del presupuesto".
Las 17 enmiendas del PP fueron rechazadas, aunque el alcalde se comprometió a aplicar algunas en el futuro, como el incremento de la inversión en mantenimiento de parques infantiles o la reforma de la plaza de la iglesia de La Vera, "para lo que primero se encargará la redacción de un proyecto".
Pago de deudas a la plantilla
El gobierno municipal anunció ayer la firma del acuerdo con la representación sindical del Ayuntamiento portuense que, a su juicio, supone el logro de "la paz social en el consistorio", tras cerrar el compromiso de abonar todas las deudas contraídas con los trabajadores entre 2011 y 2016.
"Esta deuda se deriva de sentencias judiciales que ahora este gobierno asumirá con el remanente de tesorería de 2019", detallan.
