El Ayuntamiento de Arona puso en marcha el trámite administrativo por las obras que se realizan, "al parecer sin los correspondientes títulos o licencias", en la azotea del centro comercial Magaly, en Los Cristianos. En tal sentido, la Policía Local se persona en el recinto con el objetivo de verificar la legalidad de dichas actuaciones. Asimismo, el gobierno municipal confirmó ayer que la inspección se realizará en otros dos centros comerciales situados en el mismo ámbito, Bamalhur y Josebas.
En el caso de que quien realiza las obras no disponga de la correspondiente licencia, el área de Urbanismo de la Corporación municipal procederá a la apertura de un expediente de disciplina urbanística "que podría conllevar la orden de paralización de las obras y su precinto, siempre en el caso de que se desoyera dicha orden". Todo esto podría concluir "con la demolición de los trabajos o con una sanción económica".
Desde el grupo de gobierno aronero se advierte de que "no se tolerará la realización de obras o trabajos de carácter ilegal, un fenómeno que afecta a todos los municipios y que, en el caso de este, se seguirán tomando las acciones oportunas una vez que se detecte el incumplimiento de la legislación".
Para el Ayuntamiento y el área de Urbanismo, es un "objetivo prioritario" llevar a cabo un "control y supervisión de la disciplina urbanística, dado que se debe hacer cumplir no solo la ley, sino darle validez al trabajo y esfuerzo invertido en la tramitación de todos los expedientes por parte de la Administración local".
En ese sentido, el gobierno municipal indicó que "uno de los graves problemas que tienen y deben soportar las administraciones locales es hacer cumplir la disciplina y resolver las expedientes hasta su último trámite".
Los Tarajales
Cabe recordar que en Los Cristianos, a 400 metros del centro comercial Magaly, está pendiente de ejecución el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arona que ordena el desalojo voluntario del centro comercial Los Tarajales Beach, otorgando un plazo que está a punto de expirar. Si superado el mismo periste la ocupación del inmueble por casi un centenar de personas, la autoridad judicial advierte de que ordenará el lanzamiento.
El pasado 21 de noviembre la jueza comunicó el aplazamiento del desalojo forzoso fijado para las nueve de la mañana del 25 de noviembre. La medida se sustentó en la obligación legal de resolver previamente los ocho recursos presentados por residentes en el edificio, cuya ocupación perdura desde hace más de una década. Se trata de aquellos que lograron ser empadronados en el año 2008.
El gobierno municipal de Arona pidió el desalojo de este com plejo en julio de 2018 porque su situación "ofrece una imagen dantesca y que daña gravemente la imagen del municipio".
