En diciembre de 1896, hace ahora 123 años, el Gobierno de España se planteó poner en venta los terrenos del Teide y Las Cañadas, en aplicación de una ley aprobada el 24 de diciembre de 1863 que contemplaba sacar a subasta "todos aquellos montes improductivos que estuvieran desprovistos de árboles". La reacción del Ayuntamiento de La Villa de La Orotava, con el respaldo de varios diputados tinerfeños en Madrid, impidió que el símbolo de Tenerife pasara a manos privadas a finales del siglo XIX. Esta es la historia de aquel intento, felizmente frustrado, de vender el Teide.

El escritor e investigador Tomás Méndez Pérez detalla en el capítulo XV de su libro 'Antecedentes históricos del Teide y Las Cañadas' este intento de la administración del Estado de vender el Teide. Pérez explica que la publicación de esta orden en el boletín oficial "armó un grandísimo revuelo en las Islas, particularmente en La Orotava, que veía que sus terrenos comunales de Las Cañadas del Teide, que sólo dos años antes habían sido registrados como propiedad municipal, serían vendidos en subasta".

El Archivo Municipal de La Orotava aún conserva al acta plenaria de la sesión del 2 de diciembre de 1896 en la que se trató el asunto de la subasta del Teide, con Antonio María Casañas como alcalde orotavense. En el acta se indica que Casañas llamó la atención del pleno acerca del Real Decreto de 29 de septiembre de 1896 que concedía a los pueblos tres meses de plazo", que vencía ese 29 de diciembre de 1896, "para solicitar que se exceptuaran de la venta los montes y terrenos de aprovechamiento común".

El pleno villero decidió por unanimidad solicitar al Ministerio de Hacienda que se evitara de la venta los terrenos de Las Cañadas, que eran aprovechados por todos los vecinos "desde tiempos inmemoriales".

En la sesión se destacaron los graves perjuicios que se causaría a los vecinos si se les privaba del disfrute gratuito de los recursos de las cumbres a través de una venta calificada textualmente como "una verdadera desgracia para los intereses comunales".

Tomás Méndez cita en su obra que el primer comunicado oficial en el que se manifiesta la disconformidad local con esta disposición se produjo "el 4 de diciembre de 1896 a través de un oficio de la Corporación local enviado al Gobernador Civil".

Méndez explica que "el descontento en La Orotava se manifestó en todas las clases sociales" y que "pensar que el símbolo de Tenerife pasaría a manos privadas causó indignación entre la clase política y el pueblo". Esta situación animó al alcalde accidental Fernando Méndez y León Huerta a dirigir un escrito al Ministerio de Hacienda en el que pidió la excepción de la venta de los terrenos comunales de las cumbres y el Teide.

Fernando Méndez y León Huerta se dirigió con contundencia y pasión al Ministerio de Hacienda: "Concurre la evidencia de que este pueblo necesita que se le otorgue la excepción y reserva del terreno mencionado, donde los vecinos, como queda dicho, aprovechan gratuitamente varios productos indispensables para las necesidades materiales de la vida y donde, para gloria de esta Villa y de la isla de Tenerife en general, se levanta el gigantesco Teide, célebre volcán cantado por los poetas nacionales y extranjeros, y que al constituir el principal elemento de la fama universal de que disfruta La Orotava, no puede pasar a manos particulares sin producirse un profundo disgusto en este pueblo y en el país entero, que siente verdadero orgullo en poseer este monumento geológico, admiración de propios y extraños".

El acta del pleno del día 25 de diciembre de 1896, que también se conserva en el Archivo Municipal de la Villa de La Orotava, señala que la corporación quedó enterada del escrito de Méndez y León Huerta, que fue enviado al Ministerio de Hacienda el día 22 de ese mismo mes, solicitando que se exceptuara al Teide de aquella polémica orden de venta obligatoria.

Méndez destaca que aquella oposición municipal encontró también el respaldo en Madrid de tres diputados a Cortes por Tenerife: Feliciano Pérez Zamora, Ricardo Ruiz y Aguilar e Imeldo Serís-Granier y Blanco, marqués de Villasegura. Entre todos lograron que el Estado reconsiderara su postura y evitara la salida a subasta de unos terrenos que desde 1954 son Parque Nacional, y desde 2007 son, además, patrimonio natural de la humanidad.