J. A. M.
GÜÍMAR
El alcalde asegura que "jamás ha pedido al poder judicial que desaloje las viviendas afectadas de Santa Lucía". Airam Puerta declara que "dar cumplimiento legal a un procedimiento como este dista mucho de actuar pidiendo a su señoría que ordene el desalojo de diversas viviendas de mi pueblo". Desde su perspectiva, "comunicar al juzgado dista mucho de pedir al juez que desaloje".
El regidor güimarero puso en conocimiento del Juzgado de Güímar la negativa de los habitantes de 21 viviendas del barrio de Santa Lucía a abandonar las mismas, en aplicación del decreto de desalojo y precinto que de las mismas emitió el propio alcalde el pasado día 4 de diciembre. Es el paso legalmente establecido para que la autoridad judicial determine qué procede hacer, si consentir que los vecinos permanezcan en sus casas u ordenar el abandono de las mismas, en virtud del decreto del alcalde. Medida que tendría que aplicar el Ayuntamiento en presencia de efectivos de los cuerpos de seguridad y de la Secretaría municipal. Tal y como ocurrió el 27 de octubre de 2016 en el pueblo costero de Bajo la Cuesta, en Candelaria. En ambos casos, hay decreto previo de la Alcaldía ordenando el desalojo por la existencia de un peligro inminente de desprendimiento del talud.
