El alcalde de Güímar, Airam Puerta, solicita hoy al juez que autorice la entrada en las 21 viviendas de Santa Lucía incluidas afectadas por el "riesgo inminente" de desprendimiento del talud para proceder al desalojo y precinto forzoso, y eventual, de las mismas. Es el paso siguiente a la negativa de los afectados a abandonar sus casas el pasado día 10.

Puerta entiende que es una medida impopular pero defiende que es la que se debe aplicar en virtud de lo legalmente establecido. Pronunciamiento que está en consonancia con lo transmitido a los vecinos de Santa Lucía, a quienes ha recordado sistemáticamente que él, como alcalde, es el responsable de cualquier posible suceso que se produzca si no aplica lo legalmente determinado. Como ejemplo puso el caso de la playa Los Guíos, en Santiago del Teide, donde un exalcalde está condenado después de que fallecieran dos personas por el desprendimiento del talud en la costa de Los Gigantes, explicó.

La elaboración del expediente que hoy recibe el juzgado de Güímar culminó ayer. Ahora "habrá que esperar a lo que determine su señoría", ha señalado en reiteradas ocasiones.

Airam Puerta resalta "como el hecho más importante, a mi juicio", la declaración de emergencia de la obra a realizar en el talud de Santa Lucía. "Es el paso imprescindible para acelerar los trabajos de afianzamiento del talud" con el condicionante positivo de que "acelerará el proceso para ello", ya que permitirá la adjudicación.

Un matiz relevante a tener en cuenta en esta declaración de emergencia es "que la misma afecta a todo el ámbito del talud, no solo a una de las partes". Por ello, el alcalde asegura que la decisión tiene "una gran importancia", porque "se trata de intervenir en toda la superficie que causa problemas, no solo en uno de los márgenes", como estaba planteado hasta el momento.

Puerta sigue haciendo un llamamiento a la unidad y al consenso en el problema que afecta a Santa Lucía desde hace una década. Espera que todos los grupos políticos reflexionen al respecto.

El regidor tiene claro "lo que hay que hacer para que estos vecinos puedan estar en Santa Lucía con tranquilidad y seguridad, que es mi responsabilidad, la de velar por sus vidas", en línea con el discurso que sostiene desde el pasado día 5, cuando comunicó a los afectados la decisión adoptada.

Respecto a la posibilidad de que el conjunto de los habitantes de Santa Lucía incluidos en el decreto de desalojo y precinto de las viviendas puedan acudir a la vía judicial planteando una denuncia por presunta prevaricación y reclamar indemnizaciones, aplicando la responsabilidad patrimonial, al Ayuntamiento por los daños morales derivados de la amenaza permanente de desalojo, el alcalde güimarero responde que "mi obligación es hacer lo que debo resolviendo el problema que afecta a estos vecinos de Güímar".

Se da la circunstancia de que la población de Santa Lucía implicada directamente en este desalojo parcial "no se niega a abandonar sus viviendas", pero condicionan el hecho a que la autoridad municipal aporte la garantía de los alojamientos alternativos y que proceda al inicio inmediato de las obras, además de la garantía específica de que regresarán a sus casas "en un plazo establecido". Las posiciones no se han movido en ninguno de los bandos.