Los afectados por el decreto de desalojo y precinto de 21 viviendas en el barrio de Santa Lucía, en el litoral de Güímar, han decidido, entre otras acciones, presentar contra el Consistorio "un recurso contencioso-administrativo para garantizar alternativas a su grave problema, sin resolver desde el año 2011". Además, estudian tramitar "una demanda de responsabilidad patrimonial por daños morales, así como por las consecuencias de una resolución que inicialmente es injusta para la veintena de vecinos afectados".

El representante legal de este colectivo, José Luis Langa, explicó que el abandono de las casas no tendrá lugar "hasta que se establezcan unos plazos de ejecución y unas garantías" de retorno a las viviendas.

El pasado 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Güímar comunicó por decreto a estos vecinos el desalojo voluntario por riesgo de desprendimiento a través de un informe técnico municipal. Los afectados se negaron a abandonar sus casas "sin las garantías de poder regresar a ellas".

Ante la negativa del Consistorio, el representante jurídico de este colectivo y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Afectados por la Ley de Costas (PCALC) mantuvo, el miércoles pasado, una reunión con el alcalde güimarero, Airam Puerta, así como con el concejal de Servicios Sociales, José Miguel Hernández, y técnicos para intentar buscar una solución inmediata. Tras una larga negociación, el gobierno municipal "no aportó alternativas que beneficien a los afectados".

De todo ello informó ayer Langa en presencia de los vecinos, quienes, insistió el letrado, "no se niegan a dejar sus casas, pero exigen garantías previas y el establecimiento de plazos para regresar a ellas, ya que la mayoría no cuenta con recursos para realojarse". Consecuentemente, tiene claro que "tendrá que ser el juez el que dictamine el abandono", afirmó.

De hecho, ayer el gobierno local pudo cumplimentar, todavía, el traslado del expediente al juzgado, medida que espera materializar este miércoles. Lo mismo que proceder a la declaración de emergencia de la obra a realizar en el margen norte del talud, lo que permitirá su inmediata licitación. Todo ello, con el propósito de acelerar el proceso para cumplimentar los trabajos y dar seguridad a la población afectada, según explicó el alcalde, Airam Puerta.

El gabinete jurídico José Luis Langa fue el que representó a este colectivo en el año 2011, por esta misma causa. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Güímar "se comprometió y comunicó actuaciones que no se han cumplido". El letrado asegura que "el barrio de Santa Lucía continúa con el mismo problema desde hace una década", por lo que exige que Ayuntamiento, Cabildo y Costas "aporten soluciones de forma inmediata. Deberían empezar por el vallado para evitar desprendimientos, independientemente del proyecto que deben realizar en el talud".

El problema surge cuando el 5 de junio de 2011 se registró un desprendimiento en la cueva de Santa Lucía afectando a algunas de las viviendas situadas en ella, procediéndose al desalojo de varias de las casas del lugar y del entorno, así como al realojo de algunos de sus habitantes. El segundo desprendimiento ocurrió a las cinco y media del 19 de octubre de 2017, consistiendo en otro desprendimiento de rocas sobre el número 96 de la carretera TF-616, que dañó parte del techo.