La hija de la principal afectada por este proceso judicial, Mariela, explica que, desde que recibió la demanda de desahucio, no ha parado de moverse para intentar buscar una solución para el alojamiento de su madre. Dicha mujer de avanzada edad vive de una pensión de viudedad, según comenta su entorno. Pero su familiar aclara que, tal y como están los precios de los alquileres en estos momentos en la mayoría de los municipios, si paga el arrendamiento de un piso, no le quedará dinero para abonar otros gastos, como la comida, la luz o el agua, por ejemplo. Aclara que, en una cita con una trabajadora social del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, esta le manifestó que el consistorio no dispone de viviendas para afrontar este tipo de situaciones. También acudió al área de Urbanismo de la capital tinerfeña. Desde este departamento se impulsa un proyecto de alquiler de viviendas privadas. Y, al menos hasta que no se produzca el deshaucio de manera firme, su baremación para optar a una casa tampoco es demasiado favorable. Pero la decena de inmuebles acogidos a la iniciativa ya están ocupados, en palabras de Mariela. Como es comprensible, Dolores Rosales tiene serios problemas de movilidad, así como de audición. Eso significa que, según su hija, necesita residir en un edificio en que haya ascensor, en un bajo o que, por ejemplo, disponga de plato de ducha. Y, paralelamente, requiere de una persona que la atienda de forma adecuada en su vida cotidiana. Recuerda que las malas condiciones de conservación de la casa de la calle Candelaria y Santo Domingo lo atribuye a la falta de inversión de la propiedad desde 2003.
