El consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este martes el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas perteneciente a 2019, con un presupuesto total de 2.600.444,55 euros, lo que supone más de un millón de euros de los invertido en 2018 (1.565.571 euros) y que se distribuye en un 89% de aportación media por parte de la institución insular, frente al 11% restante, que ponen 29 municipios adheridos (todos los de Tenerife, a excepción de Arona y Granadilla).
El consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzuí Chinea, ha expuesto que "el montante total se incrementa en más de un millón de euros con respecto al ejercicio anterior", a la vez que ha precisado que la aportación del Cabildo "prácticamente se duplica, pasando de 1,2 millones en 2018 a 2,3 en 2019".
Chinea ha expuesto también que se trata de "una apuesta decidida por seguir priorizando algo tan importante para las personas como es residir bajo un techo digno, garantizando que los ciudadanos vivan en unas condiciones mínimas de habitabilidad".
Así, serán beneficiarios de dichas aportaciones aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos suficientes.
El consejero ha expuesto que las obras que podrán ser objeto de financiación serán aquellas que comprendan "total o parcialmente una mejora de las condiciones de accesibilidad, aquellas que supongan un refuerzo en la seguridad de las viviendas o las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad o protección contra incendios".
En este nuevo programa se varía el porcentaje de financiación a aportar por los ayuntamientos en cada caso.
Así, para los municipios de menos de 20.000 habitantes los ayuntamientos aportarán el 5% (frente al 10% de las anteriores anualidades); para aquellos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, el 10% (frente al 20% anterior) mientras que en aquellos municipios donde residan más de 50.000 personas, los ayuntamientos deberán aportar el 25% del presupuesto (frente al 50%).
Del mismo modo, las cuantías individuales a entregar por parte de los ayuntamientos a los beneficiarios finales serán como máximo de 10.000 euros, lo que supone un incremento de casi el doble respecto a la cuantía máxima de los tres anteriores planes, donde ascendía a 6.000 euros.
Además, a propuesta de muchos municipios, se produce un cambio sustancial respecto al período concedido a los ayuntamientos para la realización de la actividad, fijándose en dieciocho meses respecto a los diez meses de media de los programas anteriores.
