La veintena de vecinos afectados recibió ayer el decreto del alcalde, Airam Puerta, ordenando el desalojo de sus viviendas también ayer "por riesgo de lluvia", pero el regidor les concede hasta el martes para que desocupen sus casas de forma voluntaria. Ese día se procederá al precinto de las dos áreas del barrio de Santa Lucía (Güímar) en las que existe "riesgo inminente de desplome del talud y, por tanto, para la integridad física y la vida de las personas", según los informes emitidos por la Oficina Técnica Municipal.

Se trata de la cueva en la que se registró el desplome de una gran piedra el domingo, 5 de junio de 2011. Este hecho motivó la apertura de un expediente de desalojo del que el actual es su reiteración, ya que el anterior "nunca se cerró" porque, entre otras cuestiones, fue desobedecido por los vecinos. La otra zona a precintar es la que configura la conocida como calle La Fula, donde el 19 de octubre de 2017 se produjo otro desprendimiento de rocas que dañó 32 tejas del número 96.

El alcalde, Airam Puerta, anunció que se aprovechará la parte del proyecto elaborado durante el mandato anterior que afecta a este último tramo de Santa Lucía, "actuación que realizaremos con más rapidez puesto que se hará mediante la figura de la autorización administrativa, que solicitaremos a Costas la semana próxima, previa declaración de la emergencia de esta obra". Tal autorización "está condicionada a que las obras sean fácilmente desmontables", señaló el regidor. Es más, el Cabildo también pedirá la concesión de la carretera puesto que el único punto incluido en el deslinde marítimo y terrestre es una curva y una vivienda.

Pero existe una parte de lo diseñado en febrero que requiere de un proyecto nuevo, aquella que estaba prevista con gunitado (hormigón proyectado), intervención que sí precisa de concesión administrativa por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. "Eso demorará mucho la obra", aclaró el alcalde, quien puntualizó que las autoridades y técnicos buscan una solución alternativa "que encaje" en la Ley de Costas.

Ocho de las 20 casas que fueron precintadas hace casi ocho años y medio están exentas de tal medida esta vez, al menos provisionalmente, "hasta que el estudio que encargamos garantice que no hay riesgo, o que sea menos grave, y que la situación permite la habitabilidad de estos inmuebles".

El coste de los trabajos asciende a unos 400.000 euros, pero Airam Puerta anunció ayer a la población de Santa Lucía que "se actuará en todo el talud", no solo en los dos puntos en que se registraron los desprendimientos de 2011 y 2017. "Para eso, no hay proyecto", explicó el regidor a los vecinos que a mediodía de ayer acudieron a la convocatoria del gobierno municipal para informarles de la situación, aclarar dudas y entregarles el decreto.

Hay dinero para el realojo

Una de las preocupaciones manifestada por los afectados es el realojo. Recordaron que la Asociación de Vecinos Santa Lucía tuvo que emplear los escasos recursos con los que contaba para ayudar a los que fueron desalojados en 2011, "porque el gobierno municipal de entonces dejó de pagar al poco de realojarlos". El alcalde explicó que el Ayuntamiento de Güímar "dará cobertura a quienes necesiten un alojamiento alternativo durante el tiempo que dure el desalojo", pero pidió la colaboración ciudadana "manifestando la verdad, porque quien tenga más de una vivienda no podrá acceder a esa ayuda". Puerta aseguró que "dinero hay" y advirtió de que el desalojo será "por un tiempo largo, meses", como poco.

Ayer fueron notificados puerta a puerta los vecinos afectados que se encontraban en las viviendas, tanto inquilinos como residentes eventuales, anunciando que la comunicación también la harán llegar a los titulares catastrales.

Otra de las medidas reclamadas por los vecinos de Santa Lucía, en el marco del compromiso que el alcalde adquirió con ellos durante el encuentro que celebraron anteayer, es que "quede reflejado en un documento que regresaremos a nuestras casas cuando concluya la obra". Garantía que no dio el regidor: "No puedo garantizar que el cien por cien de las casas sean habitables. Regresarán cuando esté garantizada la estabilidad del talud y la habitabilidad de las viviendas. Cuando indiquen que la zona es segura". En cualquier caso, comunicó que "el retorno será escalonado, presumiblemente".

Una vez se materialice el precinto de las zonas para las que está decretado, la Policía Local realizará una inspección cada ocho días.

El alcalde de Güímar fue claro con los vecinos y también les informó de que "está propuesto el desalojo de otra parte, pero el mismo se encuentra pendiente del informe geotécnico que encargamos ayer (por el miércoles) y que tendremos en quince días".

El encuentro con el alcalde comenzó con una hora de retraso debido a la necesidad de cumplimentar trámites administrativos previos a la entrega del decreto a los vecinos afectados. Comenzó la reunión mostrando su optimismo porque percibe que es posible solucionar este problema que afecta a una veintena de familias, de las que la mitad residen habitualmente en el barrio.

Tras la intervención de Juan, un vecino crítico con la gestión del problema y "escamado" por la falta de soluciones habida hasta ahora, Airam Puerta aseguró que todo lo anunciado "es para bien", resaltando la buena disposición del Servicio Periférico de Costas y del Cabildo de Tenerife

En esta zona del litoral de Agache es de aplicación la Ley de Costas, teniendo en cuenta que el barrio de Santa Lucía está afectado por la servidumbre del espacio de dominio público marítimo y terrestre, un dato que también recordaron los vecinos y el alcalde güimarero.