El Cabildo de Tenerife se ha propuesto en este mandato actuar contra las acampadas ilegales en espacios naturales protegidos de la Isla. Así lo confirma la consejera responsable del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, quien asegura que se reforzará el control para evitar que esta actividad continúe reproduciéndose sobre todo en playas del Sur, pero también en otros entornos como Anaga o la reserva natural especial del Malpaís de Rasca.

Uno de los máximos exponentes de esta problemática en la Isla es el espacio natural protegido de La Caleta de Adeje, donde de manera habitual pernoctan un buen número de ciudadanos que acaban convirtiendo en su hogar casetas y cuevas ubicadas esta playa del litoral tinerfeño. A estas personas se unen, sobre todo durante épocas vacacionales, otros visitantes que acampan también de manera ilegal en este entorno.

Se trata de una situación a la que García quiere poner fin y para ello abrirá un expediente y, en colaboración con el resto de las administraciones implicadas, se llevará a cabo una nueva operación para desalojar y limpiar esta zona del litoral.

Esta no será la primera vez que se realice una actuación de estas características en las playas de Diego Hernández y de Los Morteros. García señala que ya en 2007 se eliminaron 30 ocupaciones en el ámbito de este espacio natural y en 2010 volvió a repetirse la operación. En marzo de 2017 y durante tres días consecutivos volvió a realizarse otra actuación conjunta, en la que se eliminaron 150 asentamientos, en cuevas, casetas y chozas. Además, se retiraron ocho camiones de residuos con un peso de 9,3 toneladas.

Sin embargo, lejos de solucionarse, los asentamientos han persistido. En la actualidad todavía hay personas que residen en esta parte del litoral. Incluso, hay quien se ha atrevido a alquilar una caseta de campaña para pasar la noche en este espacio natural protegido, tal y como denunció hace unas semanas la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello a través de sus redes sociales.

La consejera insular aclara que la imagen que da ahora mismo esta playa es de un sitio "que escapa a cualquier tipo de regulación" y eso "lo tenemos que cambiar de forma inmediata". Para ello, será necesario abrir un nuevo expediente que posibilite actuar, primero desalojando a todas las personas allí asentadas y después llevando a cabo tareas de limpieza de todo el litoral, ya que García afirma que existe una gran cantidad de enseres y basura acumuladas en este espacio natural. Sin embargo, la limpieza no será sencilla debido a su inaccesibilidad.

El Cabildo espera iniciar en breve la tramitación del expediente, al que deberán aportar sus informes todas las administraciones implicadas como el Ayuntamiento de Adeje, la Dirección Provincial de Costas y la Subdelegación del Gobierno. De manera que la consejera espera que la actuación en La Caleta de Adeje pueda realizarse antes del verano.

Sin embargo, la responsable insular puntualiza que en este espacio natural conviven dos realidades que es necesario diferenciar. La primera es la de los ciudadanos que han acabado convirtiendo la playa en su hogar, bien por elección o porque no tienen otra opción. Con estas personas, el 90% extranjeros según García, el Consistorio adejero deberá realizar un análisis de su situación socioeconómica para darles alternativas habitacionales. "No es de recibo que se les retire de allí para que vayan a dormir a un cajero", expone.

Esta situación convive en esta playa con las pernoctaciones de muchos campistas que se trasladan a esta zona del litoral en periodos vacacionales o de fin de semana. Una actividad que tampoco está permitida en este espacio natural protegido.

Para García, si las administraciones quieren disuadir a los campistas de que monten sus tiendas en este paraje "deberíamos abrir una zona de acampada próxima". Por eso, la consejera insular se ha marcado como objetivo para este mandato poder ponerla en marcha para ofrecer una alternativa. "Soy consciente de que hay mucha demanda y de que hay gente que no puede pagarse un apartamento", indica. Sin embargo, al estar en los alrededores de un espacio natural protegido deberá tratarse de un lugar con una estricta normativa que deberán cumplir quienes pretendan pernoctar allí y que incluirá la reserva por noches y quizá el pago de una fianza para forzar a los usuarios a respetar las normas y el cuidado del medioambiente.Vigilancia

Sin embargo, la consejera reconoce que la actuación que prepara en estos momentos el Cabildo fracasará de nuevo si no se toman medidas alternativas para evitar nuevos asentamientos en las playas de Diego Hernández y Los Morteros. Por eso, García busca fórmulas para poder reforzar la seguridad en esta zona e impedir que se acampe en este lugar. "El personal de medioambiente no es suficiente para este tipo de actuación, por lo que estoy tratando de buscar la manera de poner allí otro tipo de vigilancia, al menos en los horarios que son susceptibles de que se monten casetas", aclara.

La posibilidad de poder implementar esta medida se lleva valorando desde 2007, cuando se realizó la primera actuación en este paraje natural. Sin embargo, nunca llegó a consolidarse y ahora el Cabildo quiere poner en marcha también este efecto disuasorio.

Sin embargo, la problemática de las acampadas ilegales no es exclusiva de La Caleta y se repite en muchos otros puntos de la Isla. La consejera advierte que sobre todo en playas del sur de la Isla, pero también en las del Norte, como Los Patos o en el litoral de Anaga, como Benijos, se produce esta situación. "Los conflictos los tenemos sobre todo en periodos vacacionales, cuando la gente tiende a poner casetas en espacios naturales", señala.

El Cabildo ya señaliza en muchos de estos puntos la prohibición de acampar en ellos, pero García reconoce que muchas veces el personal del área es insuficiente para hacer frente a la labor de vigilancia que se debe realizar. Los agentes llevan a cabo inspecciones y en el caso de encontrar una acampada irregular "abren el correspondiente expediente sancionador y se levanta la caseta". Aun así, la consejera afirma que se tratará de reforzar los controles sobre todo en los periodos más sensibles del año.