La Audiencia Provincial ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios que el empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados por el caso de Las Teresitas y que se encuentra en prisión desde abril, tiene en Santa Cruz, a través de la entidad Carlacand. Se trata del inmueble, formado a su vez por dos construcciones, que ocupa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ubicado en la avenida Tres de Mayo, y del edificio situado en Cabo Llanos, frente al Auditorio, que el Cabildo intentó adquirir en la pasada legislatura para convertirlo en un centro sociosanitario. El bloqueo de estas propiedades, que suman entre las dos unos 70 millones de euros, se realiza con motivo de la deuda que los condenados mantienen con la capital por la operación de compraventa en 2001 de la playa, que supera los 97 millones de euros.
De esta manera, la Justicia, y según lo anunció ayer la alcaldesa de la capital, la socialista Patricia Hernández, ha aceptado la petición realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz el 2 de septiembre para que se adopte, con carácter cautelar, el embargo preventivo de dichas propiedades, ante la sospecha de la existencia de "un entramado societario que pretendía esconder los bienes de los condenados por Las Teresitas para evitar pagar a los chicharreros los casi 100 millones que deben por la operación de compraventa de la playa". Por lo tanto, de momento, no se podrá realizar movimiento alguno con respecto a estos edificios y los 300.000 euros que el Gobierno de Canarias paga de alquiler al mes a Carlacand, por la sede de Educación, quedarán retenidos en el Juzgado. Asimismo, queda paralizada la operación de compra de dicho inmueble que el Ejecutivo tenía previsto realizar y para la que ya se habían designado 9 millones de euros.
El Consistorio capitalino, y tal y como se explica en el auto de la Audiencia Provincial, recibido ayer mismo, considera que "los formidables ingresos obtenidos por Inversiones Las Teresitas (ILT)", empresa que pertenecía a Antonio Plasencia y a Ignacio González -recientemente fallecido en prisión-, por la operación de venta de la playa al Ayuntamiento, por la que también fue condenado el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo, habrían sido derivados, en primer lugar, a Promotora Punta Larga", propiedad también de Plasencia, "y luego canalizados mediante inversiones a otras empresas, entre las que se encontraría Carlacand", dueña de los citados edificios. Sin embargo, y según apuntó la alcaldesa, "los condenados han negado que tengan propiedades suficientes como para asumir la deuda", por lo que "en la actualidad en las cuentas municipales solo hay unos dos millones de los casi 100 que deben".
Según consta en la documentación aportada por la Corporación local, el capital de Carlacand, a la que pertenecen los dos inmuebles, "es titularidad de la propia promotora Punta Larga (72,4%), del también ejecutado Antonio Plasencia (13,79%), y de otras personas vinculadas al mismo, integrantes de su núcleo familiar (13,81%)". Además, "existen llamativas coincidencias entre ambas sociedades, como la identidad de administradores, el solapamiento del objeto social, ocupación del mismo domicilio, celebración de Junta General y formulación de cuentas el mismo día". Esta sociedad dispone, se dice en el auto, de un capital social de 41,4 millones de euros. "Hemos demostrado, a falta de lo que finalmente se establezca en los Juzgados, que Carlacand es Punta Larga, y Punta Larga es Inversiones Las Teresitas", destacó ayer la regidora.
También se apunta en el auto que en la documentación aportada por el Ayuntamiento "se pone de manifiesto que existe constancia de transferencias por valor de 51,7 millones de euros desde Inversiones Las Teresitas a la Promotora Punta Larga". Asimismo, la Audiencia Provincial recuerda que "la propia sentencia de este Tribunal de 27 de abril de 2017 ya había declarado la "íntima vinculación entre ILT y Promotora Punta Larga" y la "absoluta confusión entre ILT, de una parte, y Promotora Punta Larga, de Antonio Plasencia, y Promotora La Victoria, de Ignacio González".
La Audiencia Provincial señala que el Ayuntamiento ha justificado razonablemente que, "a pesar de los formidables beneficios obtenidos por la venta de la playa, Promotora Punta Larga tiene solamente un capital de 1,2 millones de euros, si bien dispone de unas ingentes reservas cifradas en más de 122 millones de pesetas (733.234 euros)". " Resulta llamativo", se dice en el auto, que "este pasivo esté materializado, entre otras, en una partida de casi 51 millones de euros correspondiente a inversiones en empresas del grupo de la que no ofrecen información más allá de generalidades sin contenido".
La Audiencia Provincial alerta también de la "coincidencia" de las adquisiciones de los principales activos de Carlacand "en momentos próximos al cobro del precio de la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas y del precio del resto del ámbito, tras la transferencia ilícita de aprovechamiento urbanístico".
Peligro
Por lo tanto, y según se establece en el auto, la propia naturaleza de los activos de Carlacand, esencialmente los dos citados edificios, "genera el peligro de posible transmisión de los mismos y la posible adquisición por un tercero", tal y como iba a suceder. "El efectivo eventualmente obtenido por las ventas podría ser distraído con facilidad a la vista del entramado societario dispuesto", señala la Audiencia Provincial, que considera que este riesgo justifica la adopción de la medida de embargo preventivo, "sin previa audiencia de la parte demandada".
Añade que la medida interesada resulta adecuada para hacer en su momento efectiva la ejecución que asciende, a día de hoy, "a un principal de 50.271.274,52 euros". La parte demandada, Carlacand, dispondrá de un plazo de 20 días para realizar alegaciones. El edificio que ocupa la Consejería de Educación tiene un valor de unos 40 millones de euros y el de Cabo Llanos, de unos 30 millones, según la tasación realizada en su momento.
Por otra parte, y también a petición del actual grupo de Gobierno municipal, formado por el PSOE y Cs, la Audiencia Provincial convocará a Promotora Punta Larga, al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Ministerio Fiscal a un juicio verbal con el fin de resolver sobre el "levantamiento de velo" con relación a Punta Larga, para averiguar si se ha intentado camuflar la responsabilidad civil de la misma para evitar pagar la deuda. El mismo procedimiento se realizará con Carlacand, para lo que se abrirá una pieza separada.
La Audiencia también ha ordenado la elaboración de un informe pericial que "arroje luz" sobre el alcalde de las transferencias entre las sociedades y sobre la posible identidad entre ellas, para lo que se recabará auxilio judicial de la AEAT (Agencia Tributaria).
