28 de noviembre de 2019
28.11.2019
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La alcaldesa da una semana para el ingreso del dinero o acudirá a la vía penal

El Consistorio investiga "movimientos de bienes" y vigila la herencia del fallecido Ignacio González

27.11.2019 | 23:39
La alcaldesa da una semana para el ingreso del dinero o acudirá a la vía penal

La alcaldesa de Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández, celebró ayer que la Audiencia Provincial haya aceptado la petición que "realizamos hace unos meses para que se adoptase el embargo preventivo de los dos edificios que el empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados por el caso de Las Teresitas, tiene en la capital a través de la sociedad Carlacand". "Esta es una noticia muy importante, pero no será la única, porque también estamos investigando negocios que pueden ser constitutivos de delito por parte de los condenados. Sabemos que otras empresas están moviendo dinero y bienes de un lado a otro para evitar pagar la deuda que tienen con los chicharreros por la compraventa de la playa", señaló. En este sentido, Hernández anunció que el Ayuntamiento acudirá a la vía penal, "y será pronto", por un delito de alzamiento de bienes, "si en una semana los condenados no ingresan el dinero que deben a la capital".

Asimismo, denunció que "durante años nos han tomado el pelo, tanto a la Justicia como a los ciudadanos, intentando no afrontar la deuda que tienen con los chicharreros, asegurando que no tenían con qué hacerlo". Y es que, además, añadió, "lo han tenido fácil, porque mientras se movía dinero de un sitio a otro, este Ayuntamiento miraba hacia otro lado".

"Como consecuencia de ello, cuando este equipo de Gobierno (PSOE-Cs) llegó al Consistorio, solo se habían ingresado en las cuentas municipales 100 euros por parte de los condenados, cuando la deuda es de más de 97 millones de euros. Ahora ya tenemos más de dos millones", dijo. La alcaldesa aseguró que la anterior Corporación, con CC y el PP al frente, no había solicitado la liquidación de los intereses, "ni se pidió la ejecución de la sentencia cuando procedía".

Y el "colmo del cinismo", continuó Patricia Hernández, es que "ahora algunos representantes de Coalición Canaria digan que la sede de la Consejería de Educación es de Antonio Plasencia, cuando ya lo sabían desde antes y no hicieron nada por tomar medidas" e impedir que se tramitara la opción de compra que existe por parte del Gobierno canario sobre el edificio de Tres de Mayo, por el que actualmente paga un alquiler de 300.000 euros al mes. La regidora recordó que dicho inmueble cuenta con opción de compra superior a los 40 millones de euros y que el Ejecutivo actual ya ha reservado más de nueve millones en los presupuestos del próximo año.

De todas formas, Patricia Hernández aclaró que "no hay inconveniente en que la Comunidad Autónoma adquiera ese inmueble, puesto que si la Justicia le da finalmente la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz, ese dinero iría a parar directamente a las arcas municipales y no a las empresas vinculadas al condenado". También recordó que en su momento el Cabildo de Tenerife intentó comprar al empresario Antonio Plasencia el otro edificio, el que se encuentra en Cabo Llanos, para convertirlo en un centro sociosanitario.

Por otro lado, la alcaldesa socialista aseguró, en relación al pago de la parte de la condena que corresponde al empresario Ignacio González, fallecido en la cárcel la semana pasada, que el Ayuntamiento chicharrero "va a proseguir con las acciones correspondientes y estará muy vigilante a su herencia". "Porque se heredan las propiedades, pero también las deudas", señaló.

Por último, Patricia Hernández quiso dejar claro que el Consistorio del municipio chicharrero "no descansará hasta que se ingrese el último euro que los condenados por el caso de Las Teresitas deben a la capital".

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