El concurso público para hacerse con la gestión de los residuos de la Isla salvó ayer otro escollo, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos haya tumbado un nuevo recurso presentado por la empresa valenciana Vareser 96, en el que se solicitaba que se volviera a suspender el proceso de licitación alegando que el pliego de condiciones incumple una directiva europea. De esta manera, la resolución emitida por el Tribunal permitió que ayer a las 22:59 horas finalizara el plazo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas, sin que el proceso se viera obligado a experimentar un nuevo retraso.
El recurso de Vareser argumentaba que esta directiva europea establece que a partir de 2023 los biorresiduos deberán recogerse de forma separada en origen para poder incrementar las tasas de reciclaje y que estos desechos puedan ser usados después como fertilizantes, algo que con el proceso actual no es posible. Por lo tanto, para cumplir con esta exigencia europea "será necesario modificar completamente el complejo ambiental de Arico en un plazo menor a cinco años", sobre todo a partir de que los municipios comiencen a recoger de forma separada los residuos biodegradables. El recurso apunta que para ello será necesario modificar el funcionamiento de la planta de tratamiento mecánico. Unas transformaciones que según este documento "dejan una enorme inseguridad al concesionario".
Sin embargo, la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma no entra a valorar estos pormenores de la reclamación presentada por Vareser. Este organismo regional inadmite el recurso, ya que en base a la normativa, se interpuso fuera de plazo, al haberse publicado los pliegos el pasado 19 de julio.
El consejero responsable del área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático en el Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez, afirmó ayer que el recurso presentado por Vareser "no se sustentaba", algo que pudieron demostrar los técnicos insulares a través de la documentación que les solicitó el Tribunal y que fue presentada el pasado 22 de noviembre.
El concurso para gestionar los residuos de la Isla, que cuenta con un montante global de 715 millones de euros que deberán gestionarse a lo largo de 19 años, es el más importante que se ha sacado a concurso por parte de las administraciones públicas canarias en los últimos años y ha despertado el interés de las mayores empresas del sector, tanto nacionales como internacionales.
El recurso presentado por Vareser es el segundo al que se enfrenta este procedimiento, después del que registró el pasado mes de agosto la empresa Acciona. En él se alegaba que el presupuesto recogido en el pliego era insuficiente para hacer frente a los costes salariales y también a algunas inversiones que se debían llevar a cabo en diferentes instalaciones
Cuando solo quedaban nueve días para que finalizara el plazo para presentar ofertas, la presentación de este recurso mantuvo paralizado el proceso durante varios meses.
La licitación no pudo reanudarse hasta el pasado 18 de noviembre, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos desestimara la apelación de Acciona.
En ese momento, se reanudó el proceso en el mismo punto en el que se había paralizado, sin que fuera necesario añadir más días para compensar el tiempo que estuvo suspendido. De esta manera, los nueve días que restaban para finalizar el plazo de presentación de ofertas concluyeron ayer a las 22:59 horas en las Islas.
Rodríguez apuntó que con motivo de este primer recurso, el Tribunal había realizado una valoración conjunta de todo el pliego de condiciones de este concurso público, por lo que este nuevo recurso tenía pocas posibilidades de prosperar, ya que en estos momentos los documentos están avalados por este organismo regional.
La presentación de este tipo de recursos son algo habitual durante las licitaciones de contratos públicos, sobre todo de aquellos con unos montantes globales tan importantes como el que tiene el de la gestión de residuos de la Isla. Precisamente, fue un recurso la razón del retraso que sufrió el comienzo de la obra del cierre del Anillo insular, entre El Tanque y Santiago del Teide, con un presupuesto de más de 240 millones de euros. Aunque en esta ocasión se presentó contra la adjudicación de los trabajos y no cuando se estaba licitando el contrato.
