El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Orotava dictó el pasado 23 de septiembre de 2019 el auto de archivo de la causa penal abierta por el derribo del teatro Atlante, en La Orotava, por la que han estado imputados durante 15 años el exalcalde Isaac Valencia, el exedil Juan Dóniz, el exsecretario municipal Juan Carlos de Tomás Martí y tres técnicos del Ayuntamiento de La Orotava. El cierre de este larguísimo proceso judicial, abierto a raíz de una denuncia de la Coordinadora Ecologista Popular El Rincón en 2004, se produce a petición de la propia Fiscalía, que no aprecia que se cometiera ningún tipo de delito.
El auto, al que ha tenido acceso EL DÍA, subraya que la instrucción de la causa "se ha prolongado durante muchos años en los que se han practicado múltiples diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos". La jueza sentencia que "la valoración de la instrucción no puede más que concluir con el sobreseimiento provisional que plantea el Ministerio Fiscal" y da por reproducidos todos los argumentos de la fiscal, expresados en un "exhaustivo, detallado, minucioso y pormenorizado informe" de julio de 2018.
Tanto la juez como la fiscal consideran probado que ninguno de los imputados cometió un delito contra el patrimonio histórico ni un delito de prevaricación por autorizar o permitir el derribo del teatro Atlante, que se desarrolló por fases entre 2003 y 2005.
Respecto a estos posibles delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico, tanto la fiscalía como la juez comparten que "no quedan acreditados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales analizados".
Fuentes vinculadas a la causa han asegurado a EL DÍA que ninguna de las partes implicadas ha recurrido su archivo.
La historia
La demolición del teatro Atlante comenzó por sorpresa el 9 de junio de 2003, solo unos días después de las elecciones municipales del 25 de mayo. El 10 de junio de ese año se presentó la primera denuncia contra el derribo ante el Cabildo de Tenerife.
En agosto de 2004, el Consistorio villero concedió la licencia de construcción de un edificio de viviendas en la parcela, que también fue denunciada ante los tribunales. La vía penal se abrió en septiembre de ese mismo año.
La movilización contra la demolición del teatro se intensificó en marzo de 2005, cuando los vecinos lograron paralizar el derribo con una sentada histórica frente a la excavadora que pretendía terminar de tumbar el edificio. Junto al teatro organizaron una acampada que duró 19 noches. El 6 de julio de 2005 se constituyó oficialmente el Movimiento Atlante.
Una sentencia del 2 de noviembre de 2007 del TSJC anuló la concesión de la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento villero el 30 de agosto de 2004 y su convalidación por parte de Cabildo. Unos meses después, en abril de 2008, el gobierno de CC anunció que no recurriría más la licencia y que la parcela tendría un uso público y cultural. El Plan General de Ordenación (PGO) se modificó ese año para dar el carpetazo definitivo al proyecto de viviendas y garajes en el antiguo Cine de Abajo.
El consenso se retrasó y en 2011 Izquierda Unida Canaria solicitó al consistorio que expropiara las ruinas del teatro, una cuestión que entonces no era una prioridad para CC.
Todo cambió con la llegada al poder del actual alcalde, Francisco Linares (CC), quien desbloqueó el conflicto con la búsqueda de una solución pactada al caso Atlante. En noviembre de 2013, Linares aseguró a EL DÍA que el futuro uso de la parcela sería consensuado: "La solución final de los usos de este solar debe salir fruto de una mesa de trabajo donde nos escuchemos todos, hagamos propuestas y entre todos alcancemos una solución de futuro".
Linares abrió también la puerta a una compra que se anunció en septiembre de 2016. Linares aseguró entonces que el ayuntamiento negociaría la adquisición de la parcela donde se ubicaba el teatro Atlante para darle un uso educativo o cultural público, "tal y como contempla el Plan General de Ordenación (PGO) desde 2008". Linares destacaba entonces que el solar ya no pertenecía a la empresa Pejomar, que nunca dio facilidades para la venta, y que en ese momento dependía de un administrador judicial, lo que podía facilitar el acuerdo.
El futuro
La compra se valoró en unos 600.000 euros en marzo de 2017 y en septiembre de ese mismo año se aprobó en pleno por un valor de 709.000 euros. La adquisición se concretó en 2018 y desde entonces se espera por un concurso de ideas, varias veces anunciado por el alcalde, para decidir qué hacer con la parcela. Linares ha defendido la creación de un edificio multifuncional donde tenga cabida, por ejemplo, el nuevo archivo municipal.
