08 de noviembre de 2019
08.11.2019
Güímar

El PP propone retirar el sueldo al alcalde y al teniente de alcalde de Güímar

Solicita un pleno extraordinario para suprimir ambos salarios por entender que cobrar el 95% de la cantidad máxima permitida no es legal

07.11.2019 | 22:50
Carmen Luisa Castro (d) durante el último pleno celebrado y presidido por Airam Puerta, el alcalde.

El Grupo Municipal Popular de Güímar solicita la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria con el único fin de que dicho órgano proceda a la revocación del régimen de dedicación parcial del 95% que tienen asignado el alcalde y el primer teniente de alcalde, medida aprobada por el mismo Pleno el 21 de junio pasado.

Ese día, con los votos a favor de PSOE y CC (grupo de gobierno), la abstención del Grupo Popular y de la edil de Ciudadanos (Cs) y el voto en contra del concejal de Sí se Puede (SSP), el Pleno dio el visto bueno a que el alcalde, el socialista Airam Puerta, y el primer teniente de alcalde, el nacionalista Gustavo Pérez (se relevarán en la Alcaldía en junio de 2021), tengan dedicación parcial del 95%, con 48.101,48 euros de retribución anual.

En la argumentación que expone el PP se incluye una sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de 23 de febrero de 2018, rechazando el recurso de apelación del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) y anulando el cobro del 75% del salario de su regidor, en régimen de dedicación parcial.

Cabe recordar que el informe emitido por la interventora accidental del Ayuntamiento de Güímar fue favorable al cobro del 95% del máximo legal establecido (53.065,30 euros) para municipios de entre 15.001 y 20.000 habitantes, porque las cantidades asignadas al alcalde y al primer teniente de alcalde "se encuentran dentro de límites que se ajustarían a lo legalmente establecido".

Sin embargo, el Grupo Popular entiende que la jurisprudencia apunta lo contrario, llegando a plantear El consultor de los ayuntamientos -portal especializado en consultas legales por secretarios e interventores- que la práctica extendida desde las últimas elecciones de cobrar entre el 80% y el 90% por dedicación parcial "podría considerarse un fraude de ley", en aplicación "del sentido común", según argumenta el Partido Popular.

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