Diez de los 31 municipios de la Isla todavía no han elaborado sus catálogos municipales de protección, un instrumento en el que deben incluirse aquellos bienes muebles e inmuebles que ostenten valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos, que deban ser preservados. El restos de los ayuntamientos tinerfeños sí que han redactado ya estos catálogos, que se encuentran integrados en sus respectivos instrumentos de ordenación urbanística.
Que todos los ayuntamientos puedan contar con esta herramienta es uno de los objetivos que se ha marcado el consejero responsable del área de Patrimonio Histórico en el Cabildo insular, José Gregorio Martín Plata, para este mandato, por lo que tratará de promover que las corporaciones locales que todavía no lo han elaborado se pongan en marcha para poder contar lo más pronto posible con este instrumento, que se enmarca dentro de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Canarias, que entró en vigor en el pasado mes de junio.
Al mismo tiempo, el Cabildo tinerfeño también quiere poner al día la elaboración de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, una herramienta que todavía tienen pendiente buena parte de los ayuntamientos de la Isla.
Para ello, Martín Plata apunta que la Institución insular tiene previsto incluir en el Presupuesto de 2020 una inversión de 250.000 euros, que se destinarán a la elaboración de los Planes Especiales de Protección que todavía están pendientes, a través de subvenciones con los propios ayuntamientos. "Nos gustaría incidir para que los consistorios que no tienen sus planes de protección los puedan poner en marcha", indica el consejero.
Martín Plata explica que estos planes son necesarios para que los municipios tengan una línea clara de cómo deben actuar respecto a los bienes y espacios que necesitan protección en sus respectivos territorios y se tengan en cuenta a la hora de redactar otro tipo de planes urbanísticos.
Catálogo insular
El Cabildo también tiene pendiente elaborar su propio Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales, tal y como está establecido en la Ley aprobada este año en el Parlamento canario. "Tenemos que ir desarrollando todos los aspectos de esa Ley y tratar de implementar y poner en marcha todas las cuestiones que podamos", afirma el responsable insular, aunque reconoce que será necesario contar con un presupuesto que integre fondos para ello.
El consejero también apunta que se debe continuar "con las labores de difusión del patrimonio y la tarea de concienciar acerca de sus valores". Bajo su punto de vista, "la Ley protege, pero la ciudadanía tiene que interiorizar esos valores para que realmente tenga una repercusión", por lo que considera imprescindible seguir con esta tarea.
Convenios
Por otro lado, asegura que continuarán con los convenios que se formalizan con el Obispado de Tenerife, para desarrollar acciones de protección tanto de bienes inmuebles como muebles. "Es un mandato de la Ley, hay que proteger los bienes sean de titularidad pública o privada", valora.
De hecho, el Convenio para la Restauración de Bienes Inmuebles de Valor Cultural de Titularidad Eclesiástica concluye este año y a través de él desde 2016 se han invertido más de 3,8 millones de euros en intervenciones y restauraciones de este patrimonio propiedad de la Iglesia.
Además, el Cabildo también ha desarrollado un convenio para restaurar varios de los órganos musicales antiguos de las parroquias de la Isla, que ha concluido este año.
Martín Plata defiende la integración de las áreas de Patrimonio Histórico, Planificación del Territorio y Turismo bajo la batuta de un mismo responsable en esta nueva etapa en el Cabildo tinerfeño. "La vinculación del Patrimonio Histórico con el turismo es fundamental, porque cada vez más se interpreta que hay una vinculación estrecha entre estos dos sectores, ya que los bienes con valor patrimonial se convierten en atractivos turísticos", incide.
Al mismo tiempo, Martín Plata también defiende la vinculación del área de Patrimonio Histórico con la de Planificación Territorial, ya que a través de esta última se tienen que tener en cuenta no solo la protección de los bienes inmuebles sino también de los de naturaleza etnográfica, como los yacimientos arqueológicos.
