El Pleno del Ayuntamiento de Güímar rechazó la iniciativa del Grupo Popular a través de la que pidió que continúen los trabajos para la redacción de los pliegos y la contratación de la ejecución de la obra y de la dirección facultativa del proyecto que permita resolver el problema de la estabilidad del talud que afecta al barrio costero de Santa Lucía.
El 19 de octubre del 2017 se produjo un desprendimiento de rocas sobre el número 96 de la carretera TF-616, al paso por Santa Lucía, en el litoral de Agache, dañando varias tejas de las casa cueva (deshabitada en ese momento), cortando el servicio de fibra óptica, abriendo tres huecos en el pavimento de la vía y causando su cierre parcial al tráfico.
En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Güímar encarga la redacción del Estudio geotécnico de estabilidad de taludes en la carretera TF-61, encargando la redacción del Proyecto constructivo de estabilización de taludes en la carretera TF-616 el pasado abril.
"El objeto de este proyecto es definir y valorar las actuaciones necesarias para reducir, hasta valores asumibles, el riesgo por desprendimientos en el que se encuentran al pie del citado talud", explica la portavoz del PP y entonces alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro.
El proyecto fue redactado y recibido por el Consistorio en mayo, aclara la concejal, quien explica que cifraba el coste total de la obra en 330.755,77 euros. Por ello, el PP propuso al Pleno la culminación del procedimiento para acometer esta obra.
El gobierno municipal (PSOE-CC) votó en contra de la propuesta del Grupo Popular, único que respaldó la iniciativa ya que el Grupo Mixto (SSP y Cs) optó por la abstención.
El alcalde del municipio, Airam Puerta, reconoció que "el asunto suscitó mucha polémica por lo delicado del tema". El regidor explicó que en este "pequeño enclave pesquero" residen 88 personas empadronadas y sobre el mismo "existen dictámenes, desde el mandato de Luisa Castro, declarando riesgo inminente por peligro de desprendimiento de rocas sobre diversas viviendas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre". Puerta calificó de "intenso" el infructuoso debate para consensuar una enmienda a la moción "y evitar así intervenciones inmediatas sin consensuar con los vecinos afectados".
Castro aclara que el PP no comparte la solución que se aporta desde la Oficina Técnica porque implicaría desalojos.
