El Cabildo de Tenerife quiere continuar con la licitación del servicio de gestión de residuos, el mayor concurso público de la Isla. Por ello, requiere al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que se pronuncie sobre el mismo. El pasado mes de agosto suspendió de forma cautelar el proceso por el recurso de una empresa. La Corporación insular ha enviado un requerimiento al organismo regional para que informe de si va a existir o no un pronunciamiento, para así poder continuar con el proceso de licitación con todas las garantías.
El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, expone que la pasada semana expiró el plazo que el Tribunal tenía para contestar al recurso interpuesto por la empresa Acciona, que consideró que el presupuesto de licitación de este contrato -establecido en 460 millones de euros- era insuficiente para hacer frente a los costes salariales y a algunas inversiones establecidas en el pliego. "La Corporación insular presentó tres informes, uno técnico, otro jurídico y uno económico, rebatiendo todo lo afirmado por Acciona", concreta.
Sin embargo, el Tribunal no ha vuelto a pronunciarse sobre la paralización de este contrato, por lo que el Cabildo ha enviado un requerimiento para que aclare "si va a haber o no un pronunciamiento y en caso afirmativo que nos hagan saber cuándo".
Con esta maniobra la Corporación insular trata de "forzar la resolución", ya que en el caso de que no vaya a existir ninguna "se considerará silencio administrativo" y podrá continuar con el proceso de licitación.
Rodríguez aclara a EL DÍA que "queremos ser lo más prudentes posible", ya que se trata de un contrato muy ambicioso que tiene una cuantía muy elevada, lo que lo convierte en uno de los mayores que se han sacado a concurso público en la Isla. No obstante, el consejero señala que la importancia de este contrato no radica solo en su volumen económico, sino también en que se trata de unos pliegos que premian la investigación, el desarrollo y la innovación de las ofertas, así como la propuesta que se realice para poder reciclar y reutilizar la mayor parte de los residuos. De hecho, se prevé construir una celda para residuos peligrosos y tres nuevos centros logísticos que explotaría la entidad que se haga cargo del servicio.
Este concurso ha despertado el interés de las grandes compañías del sector tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, hasta el momento en el que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dictó la paralización cautelar de la licitación el pasado 20 de agosto, el proceso no había recibido ofertas por parte de ninguna empresa, aunque solo faltaban apenas unos días para cumplirse el plazo para la presentación de candidaturas. Algo que desde la Corporación insular consideraron normal, debido a que las empresas suelen esperar hasta el último momento para inscribirse en este tipo de procesos.
El responsable insular explica que lo que se quiere evitar con este requerimiento al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas es que no haya un pronunciamiento posterior, una vez se haya reanudado la tramitación, algo que acarrearía más problemas. Por lo que esperarán a tener "todas las garantías" de que pueden continuar con el proceso de licitación.
Una inversión superior a la de la construcción del Anillo
El concurso público para adjudicar durante los próximos 15 años la gestión de los residuos que se generan en la Isla es el más cuantioso que ha licitado jamás el Cabildo tinerfeño y el mayor de todos los que se sacaron a concurso durante el pasado mandato por parte de todas las administraciones del Archipiélago. En concreto, 460 millones de euros que ascienden prácticamente a 490 millones si se incluye el IGIC. De hecho, la empresa que resulte adjudicataria podría hacerse con la gestión del servicio durante 15 años, prorrogables otros tres, con lo que el montante global podría ascender hasta los 715,9 millones de euros. Una cifra que está muy por encima de la de otros grandes contratos licitados de forma reciente como las obras para cerrar el Anillo insular, que se ofertaron por 310,7 millones de euros.
Sin embargo, el contrato para hacerse con la gestión de residuos en la Isla también supera a la licitación de la segunda fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, que se sacó a concurso por 194,4 millones de euros. En todo el país, desde el 1 de junio de 2015 hasta las pasadas elecciones solo pueden encontrarse 14 expedientes que superan la cuantía del contrato de gestión de residuos insular.
