Izquierda Unida Canaria de Los Realejos hizo público ayer que la sentencia 330/2019, de 23 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima parcialmente el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Los Realejos por no admitir a debate varias mociones de IUC en el mandato anterior. Este pronunciamiento judicial ratifica que se vulneraron derechos de los ediles de IUC por excluirse de varios órdenes del día varias de sus iniciativas.

"A lo largo del pasado mandato, IUC presentó varias mociones que fueron vetadas por el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), con el argumento de que planteaban asuntos que no eran de competencia municipal. Así se excluyeron propuestas sobre la atención temprana y el mantenimiento del Servicio de Psicomotricidad de la ULL; la declaración del municipio como pacifista y antimilitarista; el caos circulatorio en la TF-5, o el rechazo a la introducción del gas en el Valle", recuerdan.

"Es evidente que todas esas propuestas eran de interés para los vecinos, pero la realidad es que al alcalde no le interesaba debatirlas en el pleno. Ante esta situación, Domínguez tiró de su habitual autoritarismo e impidió que muchas propuestas de IUC se debatieran. Ahora, la justicia le ha dicho que actuó mal", concluyen.

Esta formación política destaca que siempre entendió que "con esos vetos se vulneraba nuestro derecho de participación establecido en el artículo 23.1 de la Constitución".

IUC ha recurrido la parte que hace referencia a las costas del juicio, ya que consideran que "es Domínguez quien debe sufragar de su bolsillo este dinero, pues por culpa de su empecinamiento se ha llegado a esta situación".