El Estado financiará con 170 millones de euros la construcción de cuatro nuevas plantas depuradoras en la Isla. Un convenio, que el Cabildo de Tenerife tiene previsto firmar a finales de este año con el Ministerio de Transición Ecológica, permitirá poner en marcha la planta comarcal de Granadilla, la de San Miguel-Arona, la que dará servicio al oeste de la Isla entre Guía de Isora y Santiago del Teide y la que se ubicará en Acentejo. Además, una parte de los fondos que el Estado se ha comprometido a aportar también se utilizará para llevar a cabo el sistema de saneamiento hasta la depuradora del Valle de La Orotava.
Así lo confirmó ayer el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, quien asegura que con estas cinco intervenciones "se pondrá fin a los grandes problemas de depuración y saneamiento que tiene la Isla".
El responsable insular explica que los fondos se articularán a través de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), una sociedad que depende del Estado, y será el Gobierno estatal quien licitará, adjudicará y ejecutará todos los proyectos.
A los 170 millones de euros que ya se ha comprometido a aportar el Estado habrá que sumarles otros 20, necesarios para poder ejecutar por completo los cinco proyectos. En este sentido, Rodríguez afirma que tiene previsto viajar en las próximas semanas a Madrid para tratar de acordar también esta financiación y que pueda sumarse a los fondos que ya están concretados a través de este convenio. "Las negociaciones están bastante avanzadas y esperamos que se puedan incluir también a través de este acuerdo", aclara.
Rodríguez expone que la Corporación insular envió hace unos meses los borradores de las actuaciones que quería llevar a cabo de forma más inmediata para solventar el sistema de depuración de la Isla. La semana pasada, técnicos de Acuaes se trasladaron hasta la Isla para concretar diferentes aspectos del convenio, así como para visitar las ubicaciones previstas para cada una de estas plantas depuradoras.
Dos de ellas, la de Granadilla y la de Guía de Isora, incluso cuentan ya con los proyectos redactados, por lo que Rodríguez insiste en que no habría problema para licitarlas en la actualidad. Una situación que asegura rompe la tendencia de lo que ocurre en el resto de las Islas, donde el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ya ha reconocido que pese a que existe un protocolo firmado con el Estado hace casi un año para que el Gobierno nacional financie 73 obras hidráulicas en el Archipiélago, ninguna de ellas está lista para sacarla a concurso público.
El sistema de saneamiento y depuración con el que actualmente cuenta la Isla no es suficiente. Una situación que incluso ha originado amenazas de sanciones por parte de la Unión Europea, debido a los vertidos incontrolados que existen en muchos puntos de Tenerife.
El consejero de la Corporación tinerfeña Javier Rodríguez se comprometió nada más llegar al cargo a seguir trabajando para poner en marcha las infraestructuras hidráulicas necesarias. En este sentido, el Consejo Insular de Aguas firmó el pasado lunes la adjudicación de la obra de la depuradora del Polígono Industrial de Güímar. Un paso adelante que Rodríguez valoró ayer, aunque aseguró que se trata de una situación que también debe abordarse en otras comarcas tinerfeñas, algo en lo que ayudará el convenio que está previsto firmar con el Estado en las próximas semanas.
El Cabildo devolverá la mitad de los fondos en 30 años
El Cabildo de Tenerife deberá devolver el 50% del total de los fondos que el Estado se ha comprometido a aportar para financiar cuatro nuevas depuradoras en la Isla y el sistema de saneamiento que conecta con la planta comarcal del Valle de La Orotava. El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, explica que a través de la firma del convenio con la sociedad Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) -dependiente del Ministerio de Transición Ecológica-, el Cabildo tendrá que devolver la mitad de la inversión a partir del momento en el que todas las obras previstas estén operativas. Además, la Corporación local tendrá a partir de esa fecha 30 años para reembolsar este dinero.
"Gracias al convenio que tenemos previsto firmar, el Estado se compromete a adelantar la parte de la inversión que le corresponde al Cabildo", expone Rodríguez. Por esto, la Institución insular deberá devolverlo según lo establecido.
Los fondos que aportará el Estado a través de este convenio se utilizarán para construir las depuradoras de Granadilla, San Miguel-Arona, Guía de Isora-Santiago del Teide y la de la comarca de Acentejo.
