El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar abre diligencias previas para aclarar lo ocurrido y dirimir responsabilidades por las obras incompletas del Área de Rehabilitación Integral (ARI) Antón Guanche, ante la presunción de "la posible existencia de una infracción penal".
El juez cita, en calidad de investigado, al exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo; así como a los miembros del Grupo Municipal Socialista que, formando parte del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos (Epelcan) en el mandato 2011-2015, votaron la adjudicación de la obra a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios.
Es decir: Domingo Ramos (Urbanismo), Ramón Gil (Obras y Servicios), Alfredo Arencibia (Fiestas y Juventud), Cecilia Otazo (Medio Ambiente), Olivia Pérez (Servicios Sociales) y Cirilo Acevedo (Turismo). De ellas Olivia Concepción Pérez se mantiene como concejal del gobierno municipal hasta la actualidad e Hilaria Cecilia Otazo retornó al grupo de gobierno (Urbanismo) el pasado 15 de junio, tras un mandato ausente del Consistorio.
El gerente de Epelcan en el momento de la recepción de la obra, dos directores de la misma, el director de ejecución de la obra y un presentante de la empresa constructora, además de Epelcan como entidad, deben comparecer en calidad de investigados ante el juez Francisco Tuero.
La denuncia, trasladada por la Fiscalía Provincial al Juzgado de Güímar, establece que de la documentación se desprenden indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa, atribuido al alcalde y a los políticos miembros del Consejo de Administración de Epelcan; otro de falsedad en documento público "imputable" al gerente Cirilo Acevedo, a los tres directores de obra y a la empresa constructora; y un delito de estafa cometido contra la Administración (...), "con la cooperación necesaria" de los técnicos citados "y con la responsabilidad penal de la propia sociedad".
Fue en enero de 2012 cuando el Ayuntamiento de Candelaria, a través de Epelcan, comenzó el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de las primeras 70 viviendas de Antón Guanche. La intervención se centraba en las zonas comunes y su objetivo era mejorar las fachadas, cubiertas, red de saneamiento, abastecimiento, baja tensión y telecomunicaciones, así como revisar la accesibilidad al edificio. La actuación debía durar diez meses con una inversión de 1.024.100 euros, financiación repartida entre Ministerio de la Vivienda, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Candelaria. Los vecinos aportaron 175.000 euros (2.500 euros por vivienda).
El acta de recepción de los trabajos fue firmada el 4 de noviembre de 2013, posibilitando que Cobra Instalaciones y Servicios percibiera 876.409,08 euros del Consistorio, según la denuncia. Firmaron el gerente de Epelcan, los técnicos citados y un representante de la empresa sin identificar.
En octubre de 2017, el Pleno municipal aprobó la revisión de oficio del expediente de una obra actualmente inconclusa.
Epelcan y Cobra
La Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos de Candelaria (Epelcan) es la responsable de la obra, que ejecutó la empresa Cobra, adjudicada el 20 de mayo de 2011 "sin el proyecto aprobado, sin Mesa de Contratación y sin informe del secretario ni del interventor, siendo este último imprescindible", según el denunciante, que ya en diciembre de ese año advirtió de la nulidad del expediente y de la necesidad de una revisión de oficio.
Siempre José Gumersindo García Trujillo
El alcalde de Candelaria en todo ese proceso fue José Gumersindo García y como concejal de Urbanismo ejercía Domingo Ramos, ambos condenados por prevaricación administrativa a inhabilitación en el ejercicio de cargo público por la gestión de la obra del campo de fútbol de Barranco Hondo.
Los desperfectos que no se subsanan
Setenta familias llevan años quejándose de los desperfectos de esta obra, valorados en 88.163,33 euros en un informe de 14 de septiembre de 2016. El arquitecto técnico municipal Federico López (será testigo) aseguró, en 2017, que "no puedo entender cómo se firma un certificado final de obra y no existe ninguna reseña de que se hayan subsanado los desperfectos indicados en los dos listados que figuran en el libro de órdenes". A ello sumó que "se certifiquen unidades de obra que no se han ejecutado", se cifra en 32.141,51 euros el exceso de coste de la obra, la red de saneamiento está obstruida, el cerramiento con chapa perforada deja pasar viento, agua y polvo; hay filtración de agua de lluvia en la planta baja del bloque 13 porque falta un escalón, las paredes de la caja del ascensor presentan humedad, lo mismo que en la solana (donde se apoya la caja de la escalera) de la planta alta; y hay problemas de desagües interiores, filtraciones de bajantes en la cocina y el baño, entre otros.
