El presidente del Cabildo, Pedro Martín, asegura que la paralización de la construcción del cierre del Anillo insular "sería dramático para Tenerife". En su análisis, sostiene que "nos llevaría al punto de partida, a la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y a un nuevo concurso, licitación y adjudicación". Con matices.
La conclusión a la que llega es que "perderíamos los cuatro años de esta legislatura en una obra esencial para la Isla". Lo asegura desde la experiencia, la misma por la que tiene claro que la revisión de la DIA "obligaría a realizar cambios en el proyecto original" y a afrontar "los recursos que se presentan en esta Isla a todos los proyectos".
"Sin menoscabo al respeto que me merece que cualquier empresa defienda sus intereses legítimamente", Martín muestra su esperanza y deseo en que "la obra del Anillo insular se pueda empezar, por el bien de Tenerife".
La presentación del recurso Contencioso-Administrativo por la UTE de OHL contra la revocación de la adjudicación del cierre del Anillo insular y la petición de "la suspensión cautelar" de la resolución por la que se reasigna la obra a la UTE de FCC genera inquietud en la comarca y en la Isla. Lo causa el riesgo de paralización del proyecto que conlleva la posible aceptación de dicho procedimiento judicial. La aplicación de las medidas provisionales solicitadas dificulta el inicio de los trabajos y aumenta la posibilidad de que caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 12 de diciembre.
El lunes y ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Las Palmas, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Obrascon Huarte Lain, S.A.-Sociedad Anónima Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, S.L.-Asfaltos Bahillo, S.L. denunció la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma contraria a la adjudicación que de la obra Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (cierre del anillo insular de Tenerife) le hizo el Gobierno de Canarias en funciones, el pasado 5 de junio, por 227.368.978,07 euros.
En el mismo acto, la UTE recurre la Orden del consejero de Obras Públicas por la que se ejecuta la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, así como "la suspensión cautelar de la mencionada Resolución".
Josefa Mesa Mora, alcaldesa de Guía de Isora, muestra su plena confianza en los técnicos del Gobierno de Canarias y en el Tribunal Administrativo de Contratos respaldando al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, "en trabajar para que una de las obras más importantes para Tenerife se inicie cuanto antes, más cuando hay un problema de plazo", en alusión a la caducidad de la DIA. "Es una obra prioritaria y estamos de acuerdo en que el Ejecutivo haga todos el esfuerzo para que los trabajos empiecen ya, al margen de cualquier litigio".
Roberto Ucelay eleva el índice de preocupación. Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) se llama al tribunal a resolver cuanto antes, "por el bien de la adjudicación administrativa de la mayor obra en infraestructura viaria de Canarias y de Tenerife". Una reclamación que se debe a "la importancia que tiene para solucionar, a largo plazo, los graves problemas de tráfico conocidos".
El presidente del CEST incide en el condicionante del vencimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Ucelay se muestra tajante: "Sería lo peor para esta obra y para Tenerife".
Poniendo en valor la legitimidad de las acciones que emprendan las empresas, "lo importante es que comience la obra, lo contrario sería incomprensible". Lo dice Óscar Izquierdo, el presidente de Fepeco, quien excluye a las UTEs de cualquier responsabilidad en lo que pueda suceder, señalando a la administración de "ser incapaz, durante años, de licitar en tiempo y forma evitando estas premuras".
Un retraso de la obra ocasionaría "un gran perjuicio en el suoreste de la Isla", pero "lo grave sería la caducidad de la DIA. Tendría consecuencias negativas sociales, de desarrollo, economía, empleo y calidad de vida en esta comarca", según el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.
Pendiente del Contencioso
La Consejería de Obras Públicas espera comenzar la obra durante la segunda mitad de noviembre. Todo está pendiente de que el Tribunal Contencioso Administrativo del TSJC en Las Palmas se pronuncie sobre la denuncia de la UTE de OHL, que considera la mera presentación del recurso suficiente para la suspensión automática del acto recurrido, lo que sustenta en una sentencia del Tribunal Supremo.
