La UTE de OHL presentó anteayer, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Las Palmas, un recurso contra la resolución que le retiraba la adjudicación de la obra del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide y contra la orden de la Consejería de Obras Públicas para reasignarla a la UTE de FCC, al tiempo que pide medidas cautelares, con la suspensión del procedimiento de adjudicación e inicio de los trabajos.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Obrascon Huarte Lain, S.A.-Sociedad Anónima Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, S.L.-Asfaltos Bahillo, S.L. denunció la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma contraria a la adjudicación que de la obra Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (cierre del anillo insular de Tenerife) le hizo el Gobierno de Canarias en funciones el pasado 5 de junio, por 227.368.978,07 euros.

En el recurso contencioso-administrativo, la UTE que incluye a OHL también pide la derogación de la orden del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis Vera, de asignar la obra al grupo de empresas que obtuvo la segunda mejor puntuación en el concurso (92), la UTE FCC Construcción, S.A.-El Silbo Construcciones y Obras, S.L.-Syocsa-Inarsa Instalaciones y Servicios, S.L.U., ofertando 240.370.796,0 euros, 092.135.465,18 menos que el precio licitado.

El mismo lunes, la UTE denunciante remitió un escrito al consejero regional de Obras Públicas informándole de todo ello.

La Unión Temporal de Empresas inicialmente ganadora del concurso convocado por el Gobierno canario el 2 de enero pasado presentó la oferta a la que la Mesa de Contratación le otorgó la mayor puntuación (95,50 puntos), en la sesión celebrada el 22 de marzo pasado (11:00 horas), aunque la misma estuvo 105.137.283,18 euros por debajo del presupuesto de licitación, 332.506.261,25 euros.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma estimó parcialmente el recurso que contra dicha adjudicación presentó la UTE que siguió a la ganadora en puntuación, señalando que debe ser la adjudicataria de la obra. Ocurrió el 24 de septiembre pasado.

La UTE participada por OHL solicitó a la Consejería de Obras Públicas y al Tribunal Administrativo de Canarias (el 30 de septiembre y el 1 de octubre) la "rectificación de error material o de hecho" en su resolución. Aludía a que el contenido del informe de la Jefatura de Sección del Área Jurídico Económica sobre el coste de las obligaciones en materia social o laboral, contrario a sus intereses, no tuvo en cuenta la existencia de dos plantillas de trabajadores: una para los túneles y otra para el resto de la vía.

El consejero regional de Obras Públicas anunció el 30 de septiembre la revocación de la adjudicación realizada por el Gobierno canario anterior y, atendiendo a la decisión del Tribunal Administrativo de Canarias, aseguró que los trabajos comenzarán en la segunda quincena de noviembre.

Franquis insiste en la segunda quincena de noviembre

"Nosotros solo podemos comprometernos, en el calendario y en el ámbito de la gestión pública, en el comienzo de las obras, que es lo que le compete a la consejería", aseguró ayer el titular de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, quien fue tajante al manifestar que es "fundamental" que comiencen durante la segunda quincena del mes de noviembre. Un hecho trascendental porque se salvaría el vencimiento de la declaración de impacto ambiental, que caducará el 12 de diciembre próximo, por lo que "toda la Consejería está centrada en que los plazos se cumplan".

En todo momento, el consejero Franquis se refirió ayer a que la obra la realizará la Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC Construcción, S.A.-El Silbo Construcciones y Obras, S.L.-Syocsa-Inarsa Instalaciones y Servicios, a la que se adjudicó el concurso. La Consejería de Obras Públicas está resolviendo el proceso administrativo para propiciar que el inicio de la obra se produzca en un mes, medida que solo alteraría una orden judicial. De hecho, Sebastián Franquis comentó ayer que "hay que trabajar en la elaboración del plan de seguridad para que la empresa pueda empezar a trabajar".