Los consejeros del Cabildo de Tenerife expulsados de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga y Concepción Rivero, permanecerán como consejeros no adscritos y mantendrán sus cargos en el equipo de gobierno insular, pero pierden todos sus derechos vinculados a la pertenencia al grupo Mixto.
Según las conclusiones del informe evacuado por la Secretaría General del Pleno insular, expuestos durante una sesión extraordinaria este miércoles, Arriaga y Rivero ya no podrán participar en órganos de gobierno como comisiones plenarias o la Junta de Portavoces, ni dispondrán de local propio, entre otras cuestiones.
El secretario general del Cabildo de Tenerife, Domingo Hernández, ha señalado que tampoco podrán ser integrantes de los consejos de administración de ninguna de las empresas públicas dependientes del consorcio.
El vicepresidente primero y consejero insular de carreteras, movilidad e innovación, Enrique Arriaga, y la consejera del área de Educación, Cultura y Deportes, Concepción Rivero, mantendrán así sus cargos porque la Secretaría General de la administración insular entiende que éstos no tienen origen exclusivo en la pertenencia a un grupo político.
Domingo Hernández ha incidido por todo ello en que ya no podrán ser considerados como "tránsfugas", según lo estipulado en la legislación vigente.
El artículo 88 de la Ley de Cabildo establece en esa misma línea que solo es a partir del momento en que son considerados "no adscritos" cuando los consejeros no pueden obtener "el reconocimiento de dedicación exclusiva, el nombramiento para cargos o percibir retribuciones", entre otros asuntos.
"Pero lo que tenían antes no resulta afectado. Si ya estaban nombrados como miembros del gobierno con derecho a retribución, antes de ser no adscritos, lo pueden mantener, porque eso no deriva de su pertenencia al grupo Mixto: es un derecho individual que depende del nombramiento voluntario del presidente (el socialista Pedro Martín)", ha añadido.
Esta interpretación del artículo 88 de la Ley de Cabildo por parte de la Secretaría General del Cabildo tinerfeño, ha apostillado Domingo Hernández, la comparten el resto de secretarías de los cabildos del archipiélago.
El portavoz del grupo Popular, Manuel Fernández, y el del grupo Nacionalista, Carlos Alonso, han pedido al presidente de la corporación insular, Pedro Martín (PSOE), que "limpie" de tránsfugas su gobierno y han lamentado asimismo que la institución todavía no haya iniciado su trabajo ordinario principalmente por esta causa.
Carlos Alonso ha asegurado que el nuevo gobierno insular parte de una "mala base" porque, en su opinión, está apuntalado por dos "tránsfugas" y se ha instalado en una "ética de la mentira" y en un comportamiento que justifica "cualquier cosa".
Manuel Fernández ha denunciado la existencia de una contradicción entre el reglamento del Cabildo y la Ley de la corporación sobre el mantenimiento de asuntos como la dedicación exclusiva de los dos consejeros no adscritos o la consecuente formación de las comisiones.
Pero ha garantizado al presidente de la corporación insular, eso sí, la cooperación de su grupo a lo largo del mandato "en los temas importantes" siempre y cuando, ha advertido, "limpie su equipo de gobierno de tránsfugas".
Sin embargo, la portavoz del PSOE, María Franquet, ha preguntado al consejero popular sobre qué hará la agrupación popular en el Cabildo si finalmente no se expulsa a Arriaga y a Rivero, y si con ello insinúa que tratará de bloquear de algún modo la política tinerfeña.
Franquet ha tachado al PP como la "muleta" de Coalición Canaria y les ha dicho a ambos que han pasado a la oposición porque la ciudadanía tiene memoria.
La consejera socialista ha recordado así los casos de la moción de censura del nacionalista Manuel Hermoso contra Jerónimo Saavedra (PSOE) que prosperó en 1993 para ocupar la Presidencia del Gobierno de Canarias o el reciente aforamiento del expresidente de Canarias y ahora senador autonómico Fernando Clavijo, que a su juicio suponen "piedras en la mochila" de Coalición Canaria.
En esa misma línea, la portavoz de Unidas Podemos María José Belda ha preguntado a Alonso si considera igualmente ético el intento de aplazamiento del pleno de la moción de censura del pasado 24 de julio, cuando, a su juicio, intentó que una compañera de partido "prevaricase" y jugase con los plazos "a escondidas".
