Las 20 personas que fueron desalojadas del edificio que ocupa el número 12 de la calle Fuerteventura regresan a sus viviendas. El Ayuntamiento de Arona notificó a la Policía Local que, con carácter urgente y de manera inmediata, proceda al desprecinto de la entrada del inmueble, una vez culminaron los trabajos para sanear un pilar dañado.
Solo los locales del edificio permanecerán precintados hasta que la propiedad culmine las obras de la segunda fase, en la que se procederá a reforzar el resto de los pilares.
El Ayuntamiento desalojó este inmueble el 16 de agosto pasado, como medida cautelar y tras una primera visita ocular a demanda de la propiedad, en la que se observaron daños, sobre todo, en el pilar central de la propiedad. Por razones de seguridad, se procedió al perimetraje y correspondiente precinto del edificio.
El personal del área de Urbanismo, una vez visto el informe presentado por la Comunidad de Propietarios, certifica la seguridad del inmueble, tras los trabajos pertinentes en los que se ha reforzado el pilar central. De esta forma, el acceso por la escalera y la entrada principal quedan desprecintados y las familias pueden regresar a sus hogares.
En cambio, los locales se mantienen precintados hasta que la propiedad termine los trabajos correspondientes a la segunda fase, en la que tendrá que fortalecer el resto de pilares del edificio.
La finca consta de nueve viviendas, de las que ocho estaban habitadas en el momento de los hechos. Un total de 20 personas, 15 de ellos adultos y cinco menores, vivían en el inmueble. Durante los tres primeros días, el Ayuntamiento de Arona habilitó el Pabellón Municipal de El Fraile, instalando una zona de avituallamiento para las familias que no disponían de vivienda alternativa, hasta que fueron reubicadas en diferentes complejos de hospedaje.
La propiedad se dirigió el viernes, 16 de agosto, al Ayuntamiento de Arona al percibir que se registraban temblores y apreciar la existencia de grietas en la estructura, a lo que se unió la filtración de agua. Como consecuencia de ello, el gobierno municipio envió rápidamente a un técnico para reconocer la situación y, una vez constatada, se procedió al desalojo cautelar del inmueble para garantizar la seguridad de los residentes.
En estos casos, al ser una propiedad privada, el Ayuntamiento solo puede entrar a valorar si existe una deficiencia que pueda ocasionar daños o perjuicios a la seguridad de las personas. Una vez constatado ese riesgo, se procede al precinto del inmueble, se ordena el desalojo y se contacta con la Comunidad de Vecinos para que, con los medios técnicos que estimen, procedan a su subsanación.
Los vecinos afectados han estado un mes desalojados de sus viviendas.
