Las viviendas vacacionales de El Rosario se encuentran en la actualidad fuera de la legalidad. Así lo apunta el alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), que explica que la situación es consecuencia de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en 2005 -donde por entonces gobernaba el Partido Socialista (PSOE)-, que eliminó el uso turístico en el municipio. Con lo anterior se suprimió la posibilidad de acoger actividad hotelera y extrahotelera. En esa última está enmarcado el hoy tan de moda alquiler vacacional.

El concejal de Urbanismo -Juan Jesús del Rosario, también de IR-Verdes- detalló que la existencia de algunas casas vacacionales con el distintivo correspondiente se debe a que años atrás bastaba con acudir al Cabildo. "Ellos recogían los datos y directamente daban un número de registro", indicó sobre un trámite en el que el consistorio no intervenía. "En 2018 empiezan a enviarnos una serie de documentación donde nos piden el tipo de uso, porque quieren que esas actividades pasen a ser clasificadas", manifestó. "Todos esos expedientes nosotros los tenemos parados y habrá que contestar desfavorablemente", planteó el edil.

¿Y a partir de ahora? El alcalde señaló que la regulación sobre el alquiler vacacional tendrá que establecerse en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Agregó que, aparte de por lo anterior, habrá que reglarlo, "porque es cierto también que hay discrepancias entre vecinos y comunidades sobre quién puede realizar la actividad, quién no, cómo y de qué forma". No en vano, podría haber comunidades que soliciten el cese de ese tipo de alquiler que se está realizando al no ser legal.

Se da la circunstancia de que el hoy regidor local era portavoz en la oposición en el momento del rechazo a la actividad turística, y mostró su discrepancia con aquella decisión. Entonces, al igual que ahora, Gil mantuvo que de fondo estaban los objetivos urbanísticos en El Varadero, un núcleo en el que se pretendían construir más de 1.000 viviendas y que acabó por inhabilitar al exalcalde Macario Benítez, la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora y la exsecretaria María Anita Alonso.

"Con esta modificación que se hizo para escapar de las garras de El Varadero nos dejan ahora sin la posibilidad de autorizar la actividad del alquiler vacacional en el municipio; es decir, que toda actividad vacacional que se esté realizando en El Rosario está fuera de la legalidad", afirmó el alcalde rosariero en dirección al gobierno del PSOE.

El acuerdo y El Varadero

La decisión adoptada en 2005 por el Ayuntamiento de El Rosario fue concretamente la modificación de las normas subsidiarias del planeamiento municipal para la eliminación del uso turístico. La tesis de IR-Verdes de que era una pirueta en torno a El Varadero se debe a que la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias -más conocida como ley de la moratoria turística- suspendía la tramitación de los procedimientos de aprobación, modificación y revisión de los planes parciales y especiales de ordenación, así como de los estudios de detalle, cuando el planeamiento general permitiese el uso alojativo turístico. Así pues, mantuvo Gil que, retirando la iniciativa turística del municipio, se buscaba evitar los efectos de esa norma sobre el Plan Parcial de El Varadero.

Las claves

  • El consistorio rosariero acordó en 2005 excluir el uso turístico mediante una modificación del planeamiento. Argumentó, entre otros motivos, el "desarrollo sostenible".
  • Escolástico Gil criticó ya en aquella época que la razón central del cambio estaba en la urbanización que se pretendía levantar en El Varadero. Y es que planes parciales como aquel chocaban con la denominada ley de la moratoria. Esta contemplaba que se suspendían este tipo de documentos urbanísticos cuando el planeamiento general permitiese el uso alojativo turístico.
  • La decisión adoptada supone la exclusión de los usos tanto hoteleros como extrahoteleros. En ese último se incluyen las viviendas vacacionales, con lo que la actividad que se desarrolla en el municipio de El Rosario -en algunos casos incluso con el distintivo correspondiente- choca con la aprobación de 2005, que ahora se busca resolver con el nuevo PGO.