El Puertito de Güímar seguirá contando con una oficina de Correos, aunque las dependencias tendrán que ser de titularidad pública. Ese es el preacuerdo alcanzado ayer por el gobierno municipal, que preside el socialista Airam Puerta, y la representación de la sociedad estatal, empresa que abandonará el espacio que actualmente ocupa en el número 18 de la Avenida Cristóbal Colón y que ocupa desde los primeros años del siglo en curso.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Güímar no ha abonado el alquiler del local al uso para el servicio de Correos como consecuencia de los informes negativos emitidos por la Intervención de Fondos y por la Secretaría del Consistorio güimarero. "Nosotros queremos cumplir la legalidad y es imposible pagar un alquiler por este local en las circunstancias actuales", apostilla el regidor, quien incide en que "las cosas las tenemos que hacer correctamente y no queremos que el pueblo pierda el servicio".

De ahí que ayer mismo comenzara la localización de un recinto de propiedad municipal libre de uso en El Puertito de Güímar, estando a la espera de que las condiciones del mismo permitan habilitarlo para emplazar en el mismo una oficina descentralizada de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

"Se trata de mantener este servicio en la localidad sin mermar ni la calidad con la que se presta el mismo ni los beneficios que ello aporta a la población de El Puertito de Güímar", apunta Airam Puerta, quien espera que la situación "quede resuelta con toda celeridad".

El Ayuntamiento de Güímar alquiló un local en El Puertito para que Correos instalara en él una oficina descentralizada, acercando este servicio a los administrados. Lo hizo siendo alcalde del municipio el socialista Rigoberto González, que cogobernaba con CC. Superado el mandato 1999-2003, el gobierno municipal güimarero continuó abonando el alquiler del local siendo regidora Vicenta Díaz (q.e.p.d.), merced al tripartito formado por PP, CC y Socialistas de Canarias. No cambió la situación con el socialista Rafael Yanes durante los seis años que fue alcalde en pacto con el PP de Carmen Luisa Castro, quien durante los últimos seis ejercicios pagó este alquiler (inferior a 300 euros al mes) levantando los reparos de la Intervención de la Secretaría.

Constatado que Correos es una empresa pública íntegramente y que por ley debe prestar el servicio que aporta a la ciudadanía, el alcalde entiende que procede emplazarla en un recinto público para garantizar la legalidad.