La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, Eva Esther Juárez Fernández, ha dictado en un auto el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias de investigación que sobre el denominado caso Carreteras venían practicándose tras las denuncias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción y el grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. A pesar de esta resolución, contra ella cabe la interposición de recurso de reforma o apelación por parte de la acusación pública como de la acción popular en el plazo de cinco días, mientras que para aquellas personas que se hayan considerado víctimas de este procedimiento, cabe también la posibilidad de presentar recurso, aunque en este caso el plazo es de 20 días tras su comunicación a las partes, hecho que se produjo el pasado lunes.
En este asunto ha estado incurso como único investigado el ingeniero Miguel Pintor Sepúlveda, funcionario del Cabildo tinerfeño que fue jefe del Servicio de Conservación de Carreteras y Paisaje, sobre el cual pesaba la presunta comisión de delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación, cargos que ahora decaen -provisionalmente hasta que no se declare firme la resolución-.
La denuncia
El procedimiento judicial arrancó en 2015 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción desencadenada por el anterior consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, el socialista José Luis Delgado. Dicha denuncia ponía en el centro de la sospecha la gestión del área de Carreteras de la Corporación insular de 2007 a 2011.
En sus investigaciones, la Fiscalía calculó en alrededor de unos dos millones de euros la presunta malversación cometida por Pintor Sepúlveda mediante contratos que se pagaron por partida doble, adjudicaciones de obras sin la licitación obligatoria y el pago por servicios que nunca se realizaron. Las empresas que supuestamente se habrían beneficiado de las actuaciones del funcionario del Cabildo de Tenerife eran Traysesa, propiedad del también presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, así como Señalizaciones Villar e Indra.
Interrumpir la imputación
La juez instructora considera que con las diligencias practicadas y los elementos de prueba aportados por las acusaciones no se ha desvirtuado la presunción de inocencia del investigado, a la vez que sostiene en su auto que no hay indicios suficientes como para continuar con la práctica de nuevas diligencias o acordar aquellas que ya hubieran sido solicitadas por las partes.
En la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción tras analizar la documentación aportada, sostenía que de ella se desprendían indicios de conducta delictiva respecto a diferentes actuaciones en el área de Conservación de Carreteras y Paisaje.
Los hechos investigados estuvieron relacionados con el mantenimiento y abono de las tareas de vigilancia y conservación de carreteras por parte del Cabildo durante la realización de obras en la autopista del sur (TF-1) con responsabilidad de ejecución del Gobierno de Canarias
Una segunda actuación investigada fue la tramitación de obras, incluidas en el concepto de gastos variables, de los distintos contratos de ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento de la viabilidad en la red de carreteras del Cabildo de Tenerife.
Como tercer elemento sujeto a sospechas se analizó la actuación mantenida por Pintor Sepúlveda respecto a la continuación del abono de la conservación y mantenimiento de la sede del centro de control de túneles situado en la sede de la Policía Local, con posterioridad al traslado de dicha sede.
La cuarta pata de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se sostenía en el abono del mantenimiento del Centro de Información de Carreteras durante la ejecución de las obras, en contra de las prescripciones contenidas en el correspondiente contrato.
También estuvo bajo la lupa de la investigación de Anticorrupción la adquisición del software de control y gestión de túneles.
Por último, la integración del túnel del Guincho en el Centro de Información de Carreteras fue objeto de sospecha de comportamientos indiciarios de delito.
Ante la documentación presentada por el Ministerio Público, correspondió por turno a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife la práctica de diligencias. En este sentido, la juez instructora tomó declaración al investigado así como a otras personas vinculadas con los hechos sujetos a investigación, se procedió a analizar informes de la Intervención General del Cabildo y del secretario de la institución insular, informe del Gobierno de Canarias e informes periciales que han valido para declarar "lo actuado suficiente para resolver en el presente momento procesal sobre la no continuación del procedimiento, sin necesidad de acordar ni practicar más diligencias de investigación a la vista del resultado ya obtenido".
Indicios no demostrados
Respecto al mantenimiento y abono de tareas de vigilancia y conservación de carreteras durante las obras en la TF-1, la juez señala que el investigado, como jefe del Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje, no tenía capacidad para acordar el mantenimiento o suspensión del contrato de conservación ordinaria y vigilancia de las vías del Sur suscrito por el Cabildo, ni para comprometer gasto.
Añade la juez que la obligación del investigado era en su caso la de informar y no hubo ningún acuerdo formal de mantenimiento del contrato vinculante para el Cabildo imputable al investigado porque este no tenía capacidad para ello, lo que sucedió fue que no se acordó la suspensión del contrato, lo que tampoco era de su competencia.
Avala que el investigado negoció como representante del Cabildo no solo con Traysesa, sino también con la dirección facultativa y el Gobierno de Canarias, dado que era la primera vez que se hacían obras complementarias con mantenimiento del tráfico abierto en una carretera. "No cabe duda de que las negociaciones y su contenido no las ocultó el investigado: eran conocidas como mínimo por su superiora, la directora insular de Carreteras Ofelia Manjón, y el Gobierno de Canarias, quienes pudieron haber recabado más información, haber adoptado o impulsado otra solución, y no lo hicieron", señala la juez en el auto.
"No hubo ocultación de información y tampoco parece que la actuación del investigado estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración negociando resoluciones injustas, arbitrarias o contrarias a la ley. Al contrario, su actuación fue razonada y documentada", añade en el auto.
Asimismo, la juez señala que "no existe ningún indicio, ni tampoco se ha probado que el investigado o un tercero se hayan apropiado de dinero público del Cabildo. Tampoco se aprecia perjuicio económico alguno al Cabildo, lo que confirmó la institución, que añadió que los servicios facturados se realizaron.
