El consejero insular de Podemos en el mandato anterior y en la actualidad director general de Diversidad del Gobierno canario, Julio Concepción, apuesta por llegar hasta las últimas consecuencias en el llamado caso Casinos, después de que la Fiscalía Provincial solicitara al Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife que tome declaración al gerente de la referida empresa participada por el Cabildo Insular para conocer si los hechos denunciados pudieron ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En declaraciones a EL DÍA, Julio Concepción exige depurar responsabilidades políticas, pues entiende que el gerente de Casinos de Tenerife actuó siguiendo instrucciones políticas que, en el periodo al que se refieren las auditorías encargadas -años 2012, 2013 y 2014-, corresponden al último ejercicio de Ricardo Melchior y la entrada en la presidencia de Carlos Alonso, ambos de CC.

A su juicio, el anterior gestor de la Corporación insular promueve un proceso de privatización para una empresa que genera grandes beneficios: cinco millones de euros en dos años, a la vez que recuerda que ese dinero se reinvierte en la obra social y la fundación social.

Aunque se "impute al gerente, existe una responsabilidad política que recae en el presidente del consejo de administración de Casinos de Tenerife", que ha sido "conocedor de los planes de privatizar Casinos de Tenerife y ha tenido una gestión de opacidad y supuestas irregularidades que han motivado la investigación abierta por la Fiscalía".

Julio Concepción recuerda que también informó a la Fiscalía de la contratación de una estación de bombeo para el Casino de Las Américas, una actuación que, a su juicio, no se ajusta al objeto social de la empresa. Frente a las advertencias lanzadas, insiste: "Carlos Alonso se inhibió".

Según consta en actas del consejo de administración de Casinos de Tenerife, Concepción advirtió de las supuestas irregularidades en la explotación de los bares del Casino, por lo que solicitó que se emitiera el correspondiente preaviso con seis meses de antelación, dando por extinguido el contrato vigente, al entender que la empresa está dando una mala imagen del propio Casino e incluso del Cabildo, pues "está vulnerando constantemente derechos fundamentales de los trabajadores". Sin embargo, sus advertencias cayeron en saco roto y ahora es objeto de investigación judicial.