La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife en la que solicita que se cite en calidad de investigado a Gildo Hernández Rodríguez, gerente de Casinos de Tenerife -empresa participada al 100% por el Cabildo Insular-, en relación con unos hechos que pudieran ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos, escrito que se conoció en la tarde de ayer.
El llamado caso Casinos se inicia con la denuncia que remitieron los cuatro consejeros de Podemos en el Cabildo de Tenerife, en el mandato anterior: Fernando Sabaté, Francisca Ribero, Milagros de la Rosa y Julio Concepción. Ya en junio del año pasado se comunicaron los hechos a la Fiscalía ante las posibles irregularidades detectadas.
De forma cronológica, se advierte que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz firman un convenio de colaboración el 14 de marzo de 2003, tal y como se aprobó en el pleno de la Corporación de enero de ese mismo año. Según consta en la denuncia, se solicitó información sobre las sociedades, en particular sobre las actas de aprobación de los créditos solicitados, así como los informes que avalaban la viabilidad de esas operaciones, pero se les contestó por parte del Casino Taoro que "no hay acta de aprobación de los créditos solicitados, y que las operaciones no tenían riesgo alguno para su entidad". En la denuncia que dirige la Fiscalía a Juzgado Decano se precisa que ni los plenos del Cabildo ni el Consejo Insular remitieron información alguna al Casino Taoro, a pesar de que esta sociedad sí les aportó el informe de la Auditoría de 2006 en la que se recoge la finalización de las obras y la apertura del Casino en el Lago Martiánez.
Además, la Fiscalía Provincial detecta una serie de irregularidades en las auditorías de los años 2012, 2013 y 2014 del Casino Taoro, Casino de Santa Cruz y Casino Playa de las Américas. Según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso EL DÍA, "dichas irregularidades consistirían en la ausencia de procedimiento de contratación para algunos de los proveedores, el incumplimiento en el plazo de pago a proveedores, el crecimiento de la masa salalarial del personal de la entidad, adjudicaciones directas a contratistas sin seguir el procedimiento correspondiente, incumplimiento de los plazos de los contratos menores y adquisición de bienes ajenos al objeto social del Casino".
La denuncia de la Fiscalía advierte de la irregularidad procedimental en la contratación para la ampliación de las instalaciones del Casino Playa de las Américas a un terreno colindante que, al parecer, se realizó mediante un contrato menor a pesar de que su cuantía superaba el máximo permitido por ley y, además, fueron adjudicadas directamente sin existir oferta alternativa. En la denuncia se hace constar que el empresario renunció a dicho arrendamiento a cambio de explotar el restaurante del Casino de las Américas. En el segundo supuesto, la empresa con la que se contrata "explota el parking más cercano a la zona del Casino Playa de las Américas, encontrándose el siguiente a tres kilómetros de distancia".
En la denuncia se precisa que "existen ciertos hechos cuya adecuación a Derecho no ha sido del todo justificada, pudiendo constituir delito de prevaricación". En este caso se refiere a una empresa que prestó servicios publicitarios por cantidades superiores a los 18.000 euros al año en 2012, 2013 y 2014, con "entregas complementarias". A eso se suma que fue contratada mediante adjudicación directa, lo que solo está permitido para los contratos menores.
También se advierte de supuestas irregularidades en la contratación de la empresa que suministraba los uniformes en Casino Playa de las Américas y que, según las facturas de los años 2012, 2013 y 20414, "ha sido contratada mediante adjudicación directa, prevista para los contratos menores, además de haberse mantenido la contratación año tras año sin justificación alguna", precisa.
"Estos contratos no solo se adjudican de forma directa a pesar de superar la cuantía predeterminada por la ley, sino que los contratos menores se renuevan o se prorrogan año tras año (de 2012 a 2014) sin justificación alguna y en contra de lo que prevé la ley", recoge el texto.
En la denuncia que dirige la Fiscal se explica que se cite a declarar en calidad de investigado al gerente de Casinos de Tenerife, ya que es el responsable técnico de realizar las contrataciones de obras igual o inferior a 200.000 euros, o de servicios y suministros, de igual cuantía o inferior a los 60.000 euros, si bien también se ha requerido a Casinos de Tenerife los estatutos sociales e instrucciones internas de contratación tanto del Casino Taoro, como del Casino de Santa Cruz y de Playa de las Américas.
