Ciudadanos (Cs) comunicó ayer la expulsión definitiva de sus dos concejales en Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, y de sus dos consejeros en el Cabildo, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, y dio cuenta de esta decisión a los secretarios de ambas corporaciones para que los afectados pasen a formar parte del grupo de no adscritos.

La formación que preside Albert Rivera rechazó los argumentos esgrimidos por los cuatro afectados, que ya habían sido expulsados de manera provisional en julio y agosto, respectivamente, tras su decisión de apoyar al PSOE, en contra de las directrices del partido, tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz como en el Cabildo de Tenerife.

Los primeros, con sus votos, propiciaron que fuera elegida Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz y los segundos que ocupara la presidencia de la Corporación insular Pedro Martín.

Los dos ediles de la capital anunciaron ayer, después de conocer la decisión del partido con el que concurrieron a las elecciones, la presentación de una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

La denuncia fue interpuesta el pasado 2 de septiembre ante un juzgado de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife. En ella se insta a que se declare nula la expulsión de Zambudio y Lazcano realizada por la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos y a la readmisión de ambos en el partido. También se solicita que Cs sea condenado a pagar las costas del proceso.

En la demanda presentada se considera que con el procedimiento seguido por la citada comisión se han "quebrantado" diversas disposiciones de los estatutos y los reglamentos sobre la tramitación del expediente de expulsión que suponen la violación de los derechos reconocidos en los artículos 22 y 6 de la Constitución española, en la medida que afecta a la participación política de un integrante y al funcionamiento de su organización.

Ambos concejales mantienen que actuaron con "coherencia y respetando en todo momento" las directrices comunicadas por parte del partido. Para demostrarlo, en la demanda presentada por Zambudio y Lazcano se han aportado varias pruebas de conversaciones mantenidas con la secretaria de Acción Institucional, Teresa Berástegui, en los días previos a la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz, mientras se estaba negociando un pacto.

En la denuncia queda evidenciado que ambos concejales fueron requeridos, en varias ocasiones, por Berástegui para cerrar un pacto con el PSOE siempre y cuando Podemos estuviera fuera del gobierno municipal.

Un atropello

Estas pruebas demuestran, a juicio de los denunciantes, "que no ha existido incumplimiento y que ambos concejales han tenido que soportar la falta de estrategia y criterio durante las negociaciones, la descoordinación, las faltas de respeto hacia ambos cargos y la falta de profesionalidad, que ha dañado gravemente la imagen de Cs en Canarias y la imagen de los cargos electos".

Zambudio afirmó que la decisión tomada por esta comisión "es un atropello a nuestros derechos políticos unipersonales reconocidos en la Constitución", y recalcó que "nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que les prohibiera votar a favor del PSOE".

Futuro político

La situación que se abre ahora para estos cuatro representantes públicos que se presentaron en las listas de Ciudadanos a las elecciones y que han sido expulsados definitivamente del partido podría ser diferente en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En el caso de la Corporación insular, según se establece en la Ley de Cabildos, los consejeros mantendrán los derechos políticos y económicos que individualmente les correspondan como representantes electos.

Fuentes de la Corporación tinerfeña aseguraron ayer a El Día que esta decisión no condicionará al gobierno insular. Este periódico trató también de ponerse en contacto, sin éxito, con los hasta ahora representantes de Ciudadanos en el Cabildo.

En el caso del Ayuntamiento santacrucero, la Ley de los Municipios de Canarias aclara en su artículo 28 que los miembros no adscritos "tendrán los derechos políticos y económicos que individualmente les correspondan como concejales".

Sin embargo, existen diferentes interpretaciones acerca de cómo se pueden aplicar los preceptos incluidos en estas normativas que regulan la organización de estas Administraciones públicas.

CC pide que se les retiren los cargos y el sueldo

El grupo municipal de Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha exigido a la alcaldesa del municipio, Patricia Hernández (PSOE), la inmediata convocatoria de un pleno extraordinario en el que se aborde la decisión adoptada por Ciudadanos de expulsar de sus filas, de manera definitiva, a sus concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano. Del mismo modo, CC-PNC pide que el Consistorio santacrucero adopte de manera urgente todas las medidas legales que se derivan de la consideración de ambos ediles como "concejales no adscritos", conforme a las leyes de Bases de Régimen Local y de los Municipios de Canarias, sin posibilidad de cobrar sueldo de la Corporación ni ocupar cargo alguno en el grupo de gobierno.

El portavoz nacionalista en el Ayuntamiento capitalino, Juan José Martínez, lamenta que, "por vez primera en la historia de la democracia, Santa Cruz de Tenerife tenga una alcaldesa y un grupo de gobierno sustentados por el apoyo de tránsfugas, y todo ello a pesar de que Hernández sostuviera en unas declaraciones recientes que esta situación nunca iba a suceder". Martínez afirma que "el transfuguismo político es el peor daño en que se puede incurrir en democracia, siendo una estafa a la organización política que los propone y, sobre todo y más importante, a los ciudadanos que depositaron su confianza en ellos para ver cómo sus votos han servido para materializar de facto un pacto de gobierno del PSOE y Podemos en Santa Cruz". "Esperemos que estos dos ediles tengan la decencia de hacer entrega de sus actas, aunque sus declaraciones recientes parecen indicar todo lo contrario, porque traicionaron a su partido y traicionaron a Santa Cruz", añade el portavoz nacionalista.