La entrega de un informe urbanístico debe realizarse en 15 días y la tasa correspondiente es de 34 euros en Granadilla de Abona. Deysi Martín formalizó su petición y abonó ese importe el 6 de junio. Hoy sigue sin disponer del informe al que tiene derecho.
De su periplo por dependencias municipales para obtener el documento o, en su defecto, que la administración acelere el proceso para disponer del mismo, "toda vez que el plazo está superado ampliamente", la conclusión es que el déficit de trabajadores municipales es lo que le genera perjuicio a esta vecina y a otros granadilleros, que también emplean las redes sociales para expresar su malestar al respecto.
El caso de Deysi Martín cuenta con la intervención pública de la concejal María Concepción Cabrera Venero, que tiene a su cargo el área de Obras, Patrimonio Histórico Artístico y Consumo y Transportes. La misma admite que el área tiene escasez de personal. De hecho, hay dos empleados, cuando deben ser ocho trabajadores los que atiendan este servicio. La edil explica a la vecina que para adelantar la elaboración del informe urbanístico que solicita Martín se precisa "un informe jurídico que lo justifique".
"No tengo que mendigar algo que he pagado", señala la vecina de Granadilla de Abona desde hace 31 años, quien lamenta "los perjuicios graves que esto me está ocasionando, porque no he podido vender una propiedad que tengo en Atogo y que preciso para hacer frente a mis compromisos. He perdido dos compradores", manifiesta esta granadillera.
José Luis Vera, el concejal de Urbanismo, "me reconoció que hay un retraso de entre seis meses y un año" en la entrega de los informes urbanísticos, una situación que para la administrada "es inexplicable. A nosotros nos exigen, pero ellos incumplen".
Ante los perjuicios que esta situación me está generando, "llevo más de mes y medio solicitando una reunión con el alcalde, José Domingo Regalado, pero ya ni me reciben en su Secretaría".
