14 de agosto de 2019
14.08.2019
Granadilla de Abona

La propiedad pretende desalojar 63 viviendas que pagan alquiler en San Isidro

Los inquilinos disponen de recibos y cuentan con el asesoramiento del Ayuntamiento granadillero

14.08.2019 | 01:26

El Instituto Canario de Vivienda trata de mediar en la búsqueda de soluciones

Un grupo de 63 familias que residen en el edificio Las Acacias, de San Isidro (Granadilla), corren el riesgo de quedarse sin hogar si la nueva propiedad, una inmobiliaria, logra, finalmente, desalojarlos o que abandonen voluntariamente los pisos que habitan desde hace tiempo en régimen de alquiler.

"Estamos cansados. Lo que queremos es que se respeten nuestros contratos y derechos", señala un grupo de ellos, los mismos que pagan tanto el alquiler de las viviendas como el IBI y servicios básicos como el agua, recogida de residuos y luz. "No hay nadie que deba más de un mes y casi la totalidad está al día en los pagos". Todo ello debidamente documentado.

El colectivo de vecinos, que lleva una media de seis años residiendo en el lugar, se ha encontrado con que "nos enteramos de que mi casa tiene nuevos propietarios cuando nos tocaron a la puerta y nos lo dijeron", antes de comunicarles, además, un incremento notable (de 290 euros a 450) del precio de alquiler a vecinos con salarios inferiores al salario mínimo interprofesional.

Entre la cantidad de documentación que muestran, algunos afectados enseñan sentencias judiciales favorables "después de que intentaran echarme de mi casa". Asimismo, enseñan escrituras y un cheque de compraventa que acredita la adquisición de esas viviendas por parte de sociedades que siguen cobrando el alquiler correspondiente.

Los afectados se quejan de que no reciben la respuesta adecuada por parte de las autoridades, especialmente del ayuntamiento.

Desde el gobierno municipal de Granadilla de Abona se asegura que han mantenido reuniones con los vecinos afectados al objeto de encontrar una solución. Al tiempo, desde el consistorio que rigen CC y PP se explica que ha actuado de intermediario varias veces con los distintos interlocutores y con el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

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