U na sentencia del Tribunal Supremo fue el factor que inclinó la balanza para que Juana María Reyes (CC) -presidenta de la Mesa de Edad durante el pleno en el que se debatió la moción de censura contra el nacionalista Carlos Alonso- desistiera de su intención de suspender la sesión y aplazar la votación hasta el 1 de agosto para que la Secretaría del pleno presentara por escrito lo que ya había confirmado en la sala, que no existía ningún impedimento legal para que se realizara la votación.

Esto es al menos lo que aseguró ayer la también consejera de CC a EL DÍA y explicó que durante el receso que decretó en el pleno, el secretario, Domingo Hernández, presentó la copia de una sentencia en la que quedaba acreditado que los informes in voce tienen la misma validez que aquellos que se realizan por escrito y que fue este el motivo por el que decidió continuar con la sesión. "Al presentar el secretario la sentencia está claro que hubiera sido desacato a una resolución judicial, ya que esta indicaba que los dos tipos de informe son igual de válidos", aclaró Reyes.

Sin embargo, otros de los presentes en esta reunión de portavoces aseguraron que también pesaron sobre ella las advertencias que el secretario le transmitió, en las que comentó que no existía ningún sustento legal para el aplazamiento del pleno y que si esto llegaba a ocurrir podía incurrir en un delito de prevaricación. Esto al menos fue lo que ratificó el otro miembro de la mesa de edad, Nauzet Gugliota (PSOE), tras la finalización del pleno, que convirtió al socialista Pedro Martín en el nuevo presidente del Cabildo.

Una reunión de portavoces que fue convocada después de que la presidenta de la Mesa -que sustituyó en ese puesto al consejero de más edad del pleno, José Manuel Pitti (CC), que no acudió por estar enfermo- suspendiera la sesión al encontrar "dudas razonables" entre el informe presentado por el grupo de Coalición Canaria, que alegaba una posible incompatibilidad del consejero de Sí Podemos Canarias, José David Carballo, en el momento de registrar la moción, lo que la invalidaría, y el del propio secretario del pleno, que rebatía este posicionamiento y certificaba la legalidad del proceso.

Una suspensión que Reyes transformó en un receso de media hora tras el revuelo generado en el salón de plenos, para reunirse con el resto de los miembros de la mesa y los portavoces de los grupos y así considerar la forma de proceder.

Lo cierto es que hasta que los consejeros del PSOE transmitieron a la presidenta de la Mesa de Edad la posibilidad de que estuviera cometiendo un delito si llegaba a aplazar la votación, Reyes insistió una y otra vez en suspender la sesión para que el secretario rebatiera por escrito el informe presentado por CC, a pesar de que él ya había transmitido en sus dos intervenciones durante el pleno que a su juicio no existía ningún impedimento legal para que se debatiera y votara la moción de censura.

Incluso Hernández llegó a comentar que el escrito con razonamiento jurídico presentado por CC no hacía otra cosa que "interpretar el ítem procedimiental de las solicitudes del consejero y las actuaciones administrativas de esta Secretaría". Y quiso dejar claro que el asesoramiento que otorgaba al pleno "es que no existe ningún inconveniente para que esta moción se pueda debatir y someter a votación".

Una maniobra que parecía orquestada por CC para retrasar la votación de la moción, al menos hasta que los dos consejeros de Ciudadanos fueran expulsados del partido por participar en ella. Pero la estrategia no surtió efecto, al imperar la interpretación del secretario, que defendió, tanto en el pleno como en las reuniones durante el receso, que la votación que debía convertir al socialista Pedro Martín en el nuevo presidente del Cabildo tenía que realizarse, tal y como ocurrió después.

Quejas por no habilitarse una sala para seguir la sesión

Aparte de la cuestión de orden presentada por CC y que no solo paralizó el debate de la censura una hora y 54 minutos, sino que originó una de las situaciones más desagradables, imprevistas y circenses en la historia del Cabildo tinerfeño, el largo pleno dio para mucho y, sobre todo, para varias quejas desde distintos grupos, aunque especialmente desde los censurantes. Una de ellas, resaltada por la portavoz socialista durante su intervención para justificar la moción, Marián Franquet, tuvo que ver con el hecho de que no se hubiese habilitado una sala en el edificio insular para que los muchos asistentes que no pudieron entrar en el salón de plenos siguieran la sesión. El plenario estaba lleno de periodistas, aunque muchos de ellos de pie, así como de cámaras de las numerosas cadenas televisivas. También había invitados, con sus nombres en las sillas, y un espacio tan corto que más de medio centenar de personas, entre ellas muchos dirigentes socialistas y de otros partidos, se quedaron por fuera, justo en la sala de entrada del Cabildo. Esto hizo que no pudieran seguir la sesión en directo y tuvieran que recurrir a las imágenes que mostraban las cámaras de las cadenas que se encontraban en esa sala, no a pantallas habilitadas. En contraste, dentro estaban las habituales tres pantallas en las que los consejeros y la Mesa pueden controlar los tiempos de los intervinientes. Por esta razón, las ovaciones, murmullos o gritos que se escuchaban fuera tenían siempre un retardo de unos segundos.

La espera del expresidente Segura y de otros dirigentes

La protesta del PSOE por no haberse preparado una sala para seguir el pleno, algo que sí ha ocurrido en otras sesiones de relevancia, la extendió Franquet también al hecho de que el único expresidente insular de su partido, José Segura, no había podido pasar al salón plenario. Sin embargo, la portavoz socialista se equivocó en el momento en el que lo mencionó porque, si bien es verdad que, al principio de la sesión, la seguridad no le permitió acceder, tras su comienzo sí apareció y se sentó detrás de algunos responsables de áreas, como Miguel Becerra (CC, de Infraestructuras). No obstante, la presencia de diversos dirigentes o cargos de CC (así como la de José Carlos Acha, del PP) en las sillas con nombres especificados frente a la ausencia de miembros relevantes del PSOE y otros partidos también molestó a los, hasta entonces, grupos de la oposición. Según difundieron, las invitaciones estuvieron, a priori, desequilibradamente repartidas. De hecho, fuera se quedaron los diputados estatales Tamara Raya y Héctor Gómez (aunque acabó entrando varias veces en el receso de media hora), alcaldes como los de La Laguna, Arona, La Matanza, La Victoria, El Tanque, Santa Cruz o exmandatarios históricos socialistas, como Jaime González Cejas (Granadilla) o Guillermo Graham (Tacoronte). Además, acudió Carlos Regalado, primer teniente de Alcalde tacorontero que, curiosamente, se abrazó efusivo a Pedro Martín tras ser elegido en la sala de entrada del Cabildo pese a que, como secretario insular del PSOE tinerfeño, ha impulsado su expulsión por no pactar con Cs y poner en peligro, en teoría, precisamente esta censura.

Malestar por perderse la señal de la televisión insular

Durante el pleno, también causó malestar entre los censurantes que se perdiera la señal de la televisión interna del Cabildo que estaba emitiendo la sesión. Esto lo comentaron varias veces diversos integrantes del PSOE y Sí Podemos, que lo vinculaban a un intento por que no trascendieran los comentarios que se hacían de forma espontánea cuando la presidenta de la Mesa de Edad se empeñó en levantar la sesión, algo que finalmente se abortó tras la reunión de portavoces y las explicaciones ampliadas del secretario, más allá de su certificación de minutos antes del pleno hecha in voce pero leyendo su informe. No obstante, y más allá de estas "piedritas" en el camino, lo que más molestó, con diferencia sideral, a los censurantes fue lo ocurrido con ese informe "de parte" leído por Alberto Bernabé (CC) y, mucho más, la actitud de Juana María Reyes para suspender el pleno y volver en un plazo mínimo de 5 días.