Antes de que los grupos censurantes criticaran que la señal interna de la televisión del Cabildo se cortara durante la explosiva sesión del miércoles, el intento de parálisis o suspensión del pleno por parte de CC y, sobre todo, de la presidenta de la Mesa de Edad, Juana María Reyes, hizo que algunos consejeros, sin tener el micro abierto, dejaran clara su visión de lo que estaba pasando. Fue el caso, por ejemplo, del socialista Miguel Ángel Pérez, quien, como se puede comprobar en la grabación, se dirige muy molesto, pero, al mismo tiempo, tratando de salvar la situación a Alberto Bernabé, portavoz de CC, para espetarle esto: "Alberto, Alberto, esto es una locura, una locura; que vuelva la cordura".

Lo hizo justo después de que su compañera Berta Pérez, experta en el reglamento del Cabildo por ser una de sus redactoras, le advirtiera en alto a la presidenta de la Mesa de que podía estar cometiendo un claro delito de prevaricación al suspender el pleno y que tuviera muy en cuenta las consecuencias, sobre todo porque el informe que había leído el secretario, de pocos minutos antes de la sesión, era una "certificación" y, por tanto, "de mayor relevancia jurídica que el informe" que había presentado CC, que calificó como "uno de parte".

A la llamada de Pérez, que casi pareció más un ruego de sentido común, respondió Bernabé con un asentimiento de hombros, dando a entender que era consciente ya de que, con los argumentos que estaba dando el secretario, así como por la reacción de Berta Pérez, del otro miembro de la Mesa, el socialista Nauzet Gugliota, y del resto de grupos proponentes de la moción, resultaba muy difícil posponer el pleno, tal y como se confirmó.

No obstante, antes había insistido en que concurrían razones "de peso, con varias sentencias que pueden haber creado jurisprudencia, para pensar que el consejero de Podemos (J. D. Carballo) había incurrido en incompatibilidad" (laboral) al firmar la censura el pasado 10 de este mes.

A sus tesis se sumó Lope Afonso, portavoz del PP y aún vicepresidente en esos instantes por su pacto con CC, quien consideró que se daban suficientes argumentos en el informe leído por Bernabé como para que, "por prudencia, se analice a fondo si hay o no un caso de incompatibilidad", pues el desarrollo del pleno pudiera hacer que se originen hechos consumados de complejas consecuencias.

Más explícita había sido antes Berta Pérez, quien no paró de avisar de que la presidenta sería acusada, ese mismo día, de un delito de prevaricación. Además, y como no paró de repetir en las televisiones y otros medios que le preguntaron, Santiago Pérez, catedrático de Constitucional en la ULL, dejó claro que también se estaban conculcando los derechos fundamentales de los consejeros proponentes de la censura, por lo que la gravedad de la suspensión del pleno aumentaba. Pérez, de hecho, departió varias veces con la consejera socialista y el resto de su grupo.

También fue muy crítica en su intervención la portavoz de Sí Podemos, María José Belda, quien dejó claro que no iban a consentir que se aplazara el pleno para el 1 de agosto, aparte de compartir con sus dos compañeros y con otros consejeros y presentes que "esperaba muchas cosas de CC, pero no esto".

En una línea similar se mostró ante el pleno y en sus comentarios durante el largo receso o al acabar la sesión el portavoz de Cs. Enrique Arriaga le dijo a la presidenta que lo que estaba ocurriendo "no era normal, por no decir otra cosa", subrayando que no tenía sentido pedirle un informe al secretario que había leído "unos minutos antes".