El maltrato a la ingeniería en España es, lamentablemente, común a cualquiera de las administraciones u organismos que licitan para contratar sus servicios. Durante muchos años se ha subastado la ingeniería, contratando no al mejor, sino al más barato, con lo que esto supone en sobrecostes en tiempo y dinero en la fase de ejecución de las obras, por tener estudios y proyectos con poca definición. Con la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo de 2018, se consiguió al menos evitar las subastas, lo que no quiere decir que España sea precisamente modélica en cuanto a contratación de ingeniería se refiere. Y modélica podría haber sido la Administración Canaria si todo lo ejemplar que fue la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en la fase de licitación de un contrato lo hubiera sido en la de adjudicación.

Me refiero al contrato relativo a los servicios de control y vigilancia durante la ejecución de las obras del tercer carril de la TF-1, en el tramo San Isidro-Las Américas, en el que la Consejería utilizó en la licitación una fórmula para valorar las ofertas económicas basada en las recomendaciones de la Comisión Europea y que utilizan los grandes organismos internacionales, y que las asociaciones de empresas de ingeniería venimos reclamando desde hace lustros.

Canarias ha sido pionera en la utilización de esta fórmula en España y, de hecho, desde FIDEX así se dejó constancia hace tan solo unos meses animando a todas las administraciones a seguir el ejemplo canario en las licitaciones. Sin embargo, a la hora de la verdad, la consejería ha "arruinado" el proceso de contratación al aceptar ofertas económicas incursas en temeridad.

Y es que la Consejería adjudicó el contrato a una oferta en baja temeraria. En concreto, el pliego consideraba temerario ofertar un 5% menos que la oferta media y adjudicaron a una oferta que está un 12,6% por debajo, lo que suponía a todos los efectos perder en la adjudicación todo lo ganado en la licitación. Pero de nada ha servido. Si en aquel momento Canarias parecía el punto de arranque de los cambios tan necesarios que necesita el país para contratar servicios de ingeniería en base a la calidad, lo cierto es que se ha quedado en un intento muy mal aprovechado.

No obstante, el nuevo Gobierno canario que se formará en próximos días tiene la oportunidad de demostrar que se toma en serio lo de no adjudicar con bajas temerarias, especialmente si pensamos en el efecto que esto tiene para el empleo y los salarios. Estas ofertas tan a la baja impactan directamente en la remuneración de las personas. En un contrato de ingeniería el 80% del coste es gasto de personal y, si se reduce tanto el precio, parece obvio quién es el primer afectado.

Por ello, la nueva administración debe evitar caer en la tentación de adjudicar al que lo haga por mucho menos de lo que se considera temerario aceptar y, ya de paso, aumentar hasta los 80 puntos el peso de los criterios técnicos y de calidad, dejando el 20% al precio. Así Canarias será modélica y se acercaría a la forma de contratar de la Comisión Europea, el Banco Mundial, etc.

Está en juego que las infraestructuras canarias tengan el nivel de detalle, profundidad y calidad necesarios en la fase de proyecto para evitar que en la fase de ejecución de obras se disparen tiempos y costes. Es una cuestión de voluntad política y de entender que lo que necesita la sociedad es la mejor solución por su relación calidad-precio, no solo por ser la más barata.

*Director general de Fidex